Derecho a defenderse
Por Leonardo Luzzi
13.03.2023 | tiempo de lectura: 2 minutos
Para los periodistas y para cualquier ciudadano – pero en particular para los primeros – la defensa de la libertad de expresión es parte de su ADN y a su vez condición necesaria para su trabajo.
Una libertad tan valiosa para todos que hace a la República y a la calidad de la democracia.
También cabe preguntarse si esa libertad es irrestricta, es decir, si todo vale y puedo decir cualquier cosa, o hay límites.
Algunos hechos ocurridos en los últimos tiempos en Uruguay – país donde hay libertad de prensa y de expresión – llevan a ver hasta dónde se puede llegar y básicamente, como con otros derechos, es hasta donde empieza el derecho del otro.
Esa libre expresión debe ser amplia y está ampara legalmente, pese a que siempre existe el riesgo de pasar la raya. Así y todo, lo sano es que haya libertad.
Ahora, si me ofenden en el honor, en mis valores, si se dicen mentiras, si se me insulta o denigra desde un estrado o desde un medio, ¿no tengo derecho a defenderme? La respuesta es SI y ese derecho también lo tiene cada uruguayo.
Porque esa libertad de expresión, guste o no, tiene límites que son una garantía para los demás.
Algo similar ocurre con el humor que con el tiempo fue cambiando y lo que antes era súper gracioso, los límites de aceptación social y legal se movieron y aquello que nos hacía reír, hoy se rechaza.
No todos los casos de ofensa son similares e incluso lo que para uno puede ser un agravio para otro no lo es y para eso en última instancia interviene la Justicia.
Veamos algunos ejemplos.
La fiscal Gabriela Fossati, que lleva adelante la investigación del caso Astesiano, se sintió agraviada por expresiones del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, el dueño de la revista Caras y Caretas y otras tres personas que se expresaron sobre ella y su trabajo en redes sociales. La fiscal presentó una denuncia y se investigará si hubo delito de difamación o injurias de parte de los denunciados.
Legalmente la fiscal está amparada a presentar una denuncia de ese tipo igual que lo hizo la coordinadora de la ONG, Nada Crece a la Sombra, Denisse Legrand, que trabaja en La Diaria, y que denunció a la senadora nacionalista Graciela Bianchi por retuitear un mensaje supuestamente de Legrand que, según la denunciante, era una fake news.
Y el murguista Maximiliano Pérez, de Asaltantes con Patente, insultó a la dirigente nacionalista Laura Raffo quien, a diferencia de los casos Fossati/Pereira y Legrand/Bianchi, decidió no denunciarlo penalmente. Pérez se disculpó públicamente a través de una carta.
Y el año pasado, varios diputados y senadores del Frente Amplio (todos con fueros) impulsaron la presentación de una denuncia penal contra el periodista Ignacio Álvarez luego que Este difundió audios de una supuesta violación grupal sobre las que había dudas respecto a si realmente fue una violación grupal o un acto sexual consensuado.
Por ese caso una fiscal allanó los estudios de Azul FM e intentó de manera insólita secuestrar el celular del periodista aunque esto último no llegó a concretarse.
Todos los casos son distintos y no siempre lo mejor es judicializar pero son derechos que tienen todos los uruguayos tanto el expresarse libremente como el de defenderse en tribunales si se sienten agraviados. Las interpretaciones políticas de esos hechos van por otro lado.
