Batallón 13
Por Leonardo Luzzi
07.08.2023 | tiempo de lectura: 2 minutos
Cuando en junio pasado se encontraron restos humanos enterrados en el Batallón 14 de Toledo, (los primeros que aparecen bajo la administración del presidente Luis Lacalle Pou) se renovó la esperanza de encontrar más vinculados a personas desaparecidas en dictadura. Y ahí se sigue buscando como en otros lugares.
Desde el año 2005, gobierno del presidente Tabaré Vázquez cuando apareció el cuerpo del militante Ubagésner Cháves Sosa, hasta hoy, se encontraron en Uruguay restos de seis desaparecidos.
Sin embargo, en los últimos días surgió que en el predio militar 13 de Avenida de las Instrucciones, donde operó uno de los centros de tortura más grande, las retroexcavadoras se detuvieron hace exactamente un año y desde entonces no se volvió a buscar.
¿Qué pasó? Es la pregunta que surge de inmediato. ¿Quién es responsable de la búsqueda y de dejar de buscar?
En ese lugar ya se encontraron restos: de Fernando Miranda en diciembre de 2005 y de Eduardo Bleier en setiembre de 2019, este último bajo el gobierno de presidente José Mujica. Ahora había nuevos indicios para seguir adelante.
Los trabajos de búsqueda —y para eso en buena medida es el presupuesto para los antropólogos— son responsabilidad de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH).
De hecho, toda la información que se recibe por distintas vías se manda de inmediato a la Institución para que la procese.
El asunto es que hace un año, a comienzos de agosto de 2022, se detectó que un cable de alta tensión (de 6.000 voltios) que ingresa al predio militar 13 fue cortado por las máquinas.
La búsqueda se detuvo, como es lógico, por los riesgos para los que allí trabajan.
Al parecer no hay planos de esa instalación eléctrica que tiene años; el Ministerio de Defensa alega que se trata de una zona “cautelada” por la Justicia donde no puede entrar a hacer pozos justamente donde se buscan cuerpos humanos. La INDDHH afirma que UTE debería hacerse cargo de ese cable. Desde UTE se dice que no le corresponde trabajar dentro de una propiedad militar como tampoco lo hace cuando pasa algo con una instalación eléctrica dentro de una casa particular. Y UTE, según informó Radio Sarandí, le dio incluso a la INDDHH el teléfono de tres empresas que se encargan de esas tareas cuando se rompe un cable en la calle.
La discusión, entonces, parece ser sobre quién debe pagar el arreglo del cable de alta tensión que llevó a detener los trabajos de búsqueda de personas enterradas.
¿Debería pagarlo el Ministerio de Defensa porque el Batallón es de su propiedad?, ¿la UTE a través de una decisión política para colaborar? o ¿la Institución Nacional de DDHH responsable de las excavaciones y de la rotura del cable?
La Institución Nacional de DDHH recibió datos o reinterpretó información que tenía que la llevaron a buscar restos de desaparecidos en el Batallón 13 y hace un año que no mueve una piedra porque un cable se cortó.
