Asamblea General dejará firme el veto al artículo 72 de la nueva ley de medios
El órgano legislativo necesita mayoría especial
04.09.2024 | tiempo de lectura: 2 minutos
La Asamblea General fue citada este miércoles para decidir si mantiene o rechaza el veto presidencial al artículo 72 de la nueva ley de medios, aditivo incluido en la nueva norma a instancias de Cabildo Abierto (CA) y que establece que «los ciudadanos tienen derecho a recibir una comunicación política de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada y los servicios de difusión el deber de brindar información, análisis, opiniones, comentarios y valoraciones de manera completa, imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada entre los actores políticos y respecto a los mismos».
El Partido Colorado, en ocasión de sancionarse la ley en el Parlamento, había condicionado su voto a la imposición del veto a este artículo por parte del presidente de la República, Luis Lacalle Pou.
El mandatario vetó el artículo de la nueva ley de medios argumentando que Lacalle Pou argumenta que, “sin perjuicio de vulnerar la libertad de industria”, el artículo 72 supone “una obligación incompatible con la libertad de expresión”, ya que “no solo obliga a los medios a cómo deben comunicar”, sino que además define “qué tipos de contenidos deben comunicarse”.
En el veto presidencial el mandatario sostiene que del tratamiento parlamentario “no surgen las razones de interés general que se pretenden proteger”, así como tampoco “ninguna otra razón legítima que justifique las restricciones y las obligaciones que se establecieron a cargo, en general, de todos los servicios de difusión”.
Lacalle Pou sostuvo que “resulta imprescindible en un Estado de derecho” vetar el artículo para “salvaguardar el derecho y la garantía jurídica de la libertad de expresión como derecho humano que deriva de la forma republicana de gobierno”.
Según el presidente de la República, el mismo no se ajusta a la Constitución ni a las normas del derecho internacional y que la Suprema Corte de Justicia reconoció que la libertad de comunicación es uno de los derechos esenciales para la democracia. El veto no fue firmado por todos los ministros. El veto no contó con la firma de los cabildantes Karina Rando, ministra de Salud Pública, y Raúl Lozano, ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial.
Ahora la Asamblea General lo tendría que dejar firme con el voto de tres quintos de miembros de cada cámara. Si el Parlamento no se expide en los 30 días siguientes, la decisión de presidente también se mantiene.
