Familiares de reclusos juzgados por delitos de lesa humanidad piensan recurrir a La Haya

Este jueves el grupo denominado “Familiares de prisioneros políticos”, entre los que incluyen militares, policías y civiles procesados por delitos de lesa humanidad, actualmente recluidos en la cárcel de Domingo Arena y en Coraceros, fueron recibidos por el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Juan Gómez, a quien le plantearon que dichos reclusos deben ser liberados porque -afirman- “los delitos prescribieron” ya que eran “delitos comunes”.

El grupo denuncia “vulneración de los derechos que afectan principios y garantías, como la irretroactividad de la ley penal, la prescripción, la seguridad jurídica, el debido proceso, la aplicación de medidas de coerción, el sistema de libertades, entre otros, que padecen militares policías y civiles imputados por delitos ocurridos entres 1968”.

Los familiares sostienen que “se está juzgando -en su enorme mayoría, a personas mayores de 70 años por hechos que acontecieron hace más de 50 años, cuando el país se encontraba en un estado de guerra interno, decretado por el Poder Ejecutivo con la anuencia del Poder Legislativo”.

Diego Flores, vocero del grupo, dijo a la salida de la reunión con el Fiscal Gómez, que esta es una “batalla” que tienen que librar en Uruguay. Esperan reunirse con la Suprema Corte de Justicia, el presidente de la República y legisladores de la coalición de gobierno”.

Flores dijo que se fueron “conformes” porque sintieron que el Estado los escuchó.
Sostuvo, de todos modos, que si bien están “agotando todos los caminos a nivel local” preparan el caso para presentarlo en foros internacionales. “Desde el 84 miramos para otro lado” -dijo-, y agregó: “ahora nos tocó”.

Expresó que se está “negando” la Ley de Caducidad que fue dos veces sometida a consulta. “Decidimos perdonar por igual”, concluyó, agregando que la Ley interpretativa “se lleva todo puesto”. “Vamos a acudir a la Corte Internacional”, finalizó.