Alerta naranja por Azul FM

En Uruguay hay libertad de prensa y hay libertad de expresión. Derechos que son un logro de todos, derechos que hacen a la República y por eso se defienden como tales. Pero las luces anaranjadas se prendieron en el tablero de las alertas cuando una fiscal decidió pedir una orden judicial (y la obtuvo) para allanar los estudios de Azul FM y el domicilio del periodista Ignacio Álvarez, un comunicador conocido, aunque a algunos no les guste su estilo, por haber destapado varias ollas.

Entonces esa libertad de prensa (que tiene límites) se resintió y por eso estamos ante una situación grave que trasciende este caso particular porque puede sentar un mal precedente.

Todo comenzó con una investigación judicial tras una denuncia de violación grupal que presentó una mujer. Ese trabajo de Fiscalía está encaminado y los supuestos responsables están detenidos.

Habrá que esperar si son condenados en los tribunales (aunque una parte de la tribuna ya los colgó) y recién ahí serán culpables de un delito penal.
Pero previo a esa formalización de tres jóvenes de 19 años, se informaron en los medios varios datos de la denuncia de violación, práctica detestable que la Justicia se encargará de juzgar .

Fue así que nos enteramos que la violación fue “en manada”, es decir que participaron varios hombres contra una mujer de 30 años en la zona del Cordón.

Se informó sobre la “negativa” de los involucrados a dar muestras de ADN, lo que a la vista del ojo popular los vuelve culpables, y hubo marchas callejeras de miles de mujeres para protestar que fueron cubiertas por la prensa.

También se difundieron los polémicos audios en el programa La Pecera, del periodista Álvarez, que agregaron elementos a la opinión pública. Datos que iban en contra de la corriente de lo que se había dicho.

Ahí se escucha a la mujer conversando con los supuestos agresores y se plantearon dudas respecto a lo que había pasado y entonces surgieron fisuras en la “única verdad” que se había informado hasta ese momento. En ese trabajo periodístico también se aportó lo que dice el informe forense, que es reservado, y se aclaró que los jóvenes involucrados en ningún momento se negaron a dar su ADN.

Fue entonces en el marco de una investigación periodística cuando se difundió ese material de contenido íntimo o sexual que, por no tener el consentimiento de la denunciante, si violó la ley se encargará la Justicia.

Otra discusión sobre esa difusión de audios refiere a cuestiones éticas y si realmente debieron pasarse en la radio o se pudieron haber evitado.

Otros colegas dijeron que accedieron a esa misma grabación y decidieron no hacerla pública. Se puede discutir acá si un periodista puede ocultar o retacear un documento confirmado que recibe cuando precisamente esa información puede cambiar el curso de una investigación o si debe buscar otras formas (sin pasar al aire los audios) para que esos nuevos datos lleguen a la opinión pública.

Ahora, allanar la radio y allanar la casa del periodista (aunque esto último no se concretó y según el Fiscal de Corte no se concretará) para querer sacarle el celular personal a Álvarez cuando ahí puede tener información sobre las fuentes (protegidas por ley), no es el camino adecuado ni el que se merece la democracia uruguaya.

Es inusual que la Fiscalía decidiera de oficio abrir una investigación por los audios, aunque la ley lo ampara, es inusual que la Justicia autorice ese allanamiento que ordenó a la Policía entrar a un medio de comunicación a requisar material y es inusual que un grupo de diputados y senadores (todos con fueros), en este caso son del Frente Amplio, anunciaron que presentaran otra denuncia contra el periodista Álvarez.

Los periodistas, todos los días, con aciertos y errores tratan de acercarse a la verdad y pelean por la libertad.

La Justicia y la Fiscalía también deben hacer su trabajo, pero no todo es válido ni para unos ni para otros.