Alta salinidad y costos excesivos: las críticas de la oposición al proyecto Neptuno
La diputada Silvya Ibarguren (FA) cree que la iniciativa impulsada por el gobierno “no es la mejor opción”
20.10.2022 | tiempo de lectura: 2 minutos
El proyecto Neptuno es una iniciativa privada presentada en 2020 por un consorcio de empresas como solución a los problemas de abastecimiento de agua potable del área metropolitana.
Se trata de una toma de agua en el Río de la Plata, en la zona de Arazatí, departamento de San José, como una fuente adicional a la existente en Aguas Corrientes. “Coincidimos con la mirada del gobierno de que es necesario buscar alternativas para cubrir la demanda de agua potable en la región, que no se satisface con Aguas Corrientes”, señaló la legisladora.
Aguas Corrientes produce como máximo 700.000 metros cúbicos de agua potable, al límite de la demanda actual. Para 2045, se prevé una demanda de 840.000 metros cúbicos diarios. “Nuestras diferencias son las opciones elegidas”, sostuvo la diputada Ibarguren.
Explicó que en la administración anterior se había desarrollado un proyecto en el arroyo Casupá, que fue discontinuado en 2020. Afirmó que no es de recibo la fundamentación de que esa opción sería depender de la misma fuente, ya que “la Cuenca del Santa Lucía se utiliza solo en un 3% de su capacidad”, subrayó.
Otro de los puntos cuestionados es el nivel de salinidad de las aguas del Río de la Plata, que necesitan de un tratamiento especial para su potabilización. “La empresa que propuso el proyecto instaló una sonda en la zona de donde se tomaría agua, y durante 86 días consecutivos se comprobó que los niveles de salinidad son superiores a los que pueden procesarse”.
Ante eso, promedialmente, 120 días al año no podría potabilizarse el agua de esa toma, advirtió.
Asimismo, explicó que la instalación de una laguna artificial de agua dulce que ayudaría a desalinizar el agua, prevista en el proyecto, “en caso de concretarse en la versión final, solo cubre unos 40 días al año”.
El proyecto presentado por los privados planteaba cinco opciones de desarrollo, que iban desde que OSE se encargue de la construcción, operación y mantenimiento del proyecto, contratando al privado para la obra, hasta la cesión de todas esas responsabilidades al Estado.
Ibarguren comentó que “el ministro Peña confirmó que la opción elegida es que OSE mantenga la operación y el mantenimiento pero las obra queda en manos del privado y se pague un canon por su uso”.
A su juicio, esa opción “es 500 millones de dólares más cara que si OSE se hiciera cargo”.
El proyecto está aún en etapas preliminares, según reconoció el ministro de Ambiente, Adrián Peña.
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