El voto 21
Por Leonardo Luzzi
14.04.2022 | tiempo de lectura: 3 minutos
El voto en la Junta Departamental de Canelones del edil Juan López fue determinante y valió US$ 44 millones.
A raíz de esa votación hubo una serie de especulaciones políticas que en el fondo ponen en discusión a la disciplina partidaria.
No es la primera vez que un dirigente se desmarca solo.
Hubo algunos casos que fueron muy sonados y los que ahora se quejan de López antes habían aplaudido y viceversa.
En 2011, el Parlamento rechazó anular la llamada Ley de Caducidad cuando lo intentó el Frente Amplio pese a que en dos consultas populares la ciudadanía decidió mantener esa norma. Fue entonces el diputado de izquierda, Víctor Semproni, quien decidió “votar con los pies”, es decir no entrar a sala, lo que evitó que la izquierda tuviera mayoría por lo que la ley siguió firme. Semproni continuó en su banca pero varios de sus compañeros del Frente lo aislaron.
En el año 2016 el ex diputado Frenteamplista Gonzalo Mujica dio su voto para permitir la formación de una comisión investigadora por el costoso proyecto de la regasificadora que fue un fracaso. Mujica renunció luego a su banca y se fue al Partido Nacional.
Un año después, en 2017 fue el diputado colorado Fernando Amado quien le aseguró a la izquierda el voto 50 para la aprobación de un artículo cuestionado de la Rendición de Cuentas. Amado siguió en su banca, no la pudo renovar en la siguiente elección y hoy es director en la Intendencia de Montevideo del Frente Amplio.
Un caso distinto pero que implicó salirse de un mandato político ocurrió en 2005, primer gobierno del Frente Amplio con Tabaré Vázquez a la cabeza. El diputado socialista Guillermo Chifflet para no violentar una decisión partidaria decidió renunciar a su banca el día de la votación de autorizar el envío de militares a Haití bajo el mandato de la ONU. Chifflet siempre se había opuesto a enviar tropas, cuando le tocó votar renunció y se fue para su casa.
Ahora es el edil blanco de Canelones, Juan López, el que se arriesga por su desobediencia a ser sancionado por el Partido Nacional.
A diferencia de los ejemplos anteriores aquí hubo acusaciones de “comprar” el voto.
El asunto es que la Intendencia de Canelones, que ya tiene un endeudamiento de US$ 400 millones, solicitó a la Junta Departamental la anuencia para un nuevo préstamo, esta vez por US$ 44 millones.
Esa autorización debía contar con una mayoría especial de 21 ediles, o sea uno más de los que tiene el Frente. La oposición se había negado a levantar la mano en la Junta, pero hubo una excepción: Juan López. En lo político, el edil actuó por fuera de los lineamientos que había marcado su Partido Nacional. Sobre eso no hay dudas.
Por su conducta, de inmediato fue expulsado de Alianza Nacional y desde el Directorio blanco se le pidió la renuncia, algo que el edil no aceptó.
¿López se vendió o lo compraron como se sugirió generando suspicacia? La pregunta quedó planteada y cualquier ciudadano lo puede pensar pero no se mostró prueba alguna.
También entra en la discusión, aunque no se reconoce públicamente porque sería aceptar la mezquindad en la política, que el préstamo va para la gestión de un presidenciable del Frente Amplio.
¿Y si López negoció políticamente con la administración del Intendente Yamandú Orsi? Los involucrados, Orsi y López, aseguran que fue así y que ese voto del edil fue a cambio de determinadas obras.
Intendentes blancos (Guillermo López, Carmelo Vidalín, Nicolás Olivera) salieron a defender a su colega canario. De hecho, en política se negocia constantemente con la oposición.
Lo que queda en entredicho, entonces, es la conducta política de Juan López con respecto a su Partido Nacional, también se podrá discutir si la Intendencia de Canelones puede recortar gastos en vez de endeudarse permanente, pero también es cierto que las obras que se harán, éstas o las que impulse cualquier intendente, son para los vecinos.
