En el período pasado, la Jutep tuvo un claro interés por no investigar, afirmó Brenta

Brenta se refirió, entre otros temas, al presupuesto quinquenal, que ingresa en la recta final, al combate al narcotráfico, a la integración de la Junta de Transparencia y Ética Pública, a la situación en las cárceles, al ataque al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) y a la amenaza a su directora, Ana Juanche.

Sobre este último punto, sostuvo que el ataque a una institución como el INR es un intento de amedrentamiento, particularmente, a su directora. “Por suerte se ha solidarizado todo el sistema político. Me parece que es un dato relevante esa respuesta. Lo mismo sucedió en el atentado contra la fiscal Mónica Ferrero”, dijo.

Agregó, en consonancia con la línea investigativa que maneja el Ministerio del Interior: “Sabemos bien que las organizaciones vinculadas al narcotráfico, en buena medida, son dirigidas desde las cárceles o, por lo menos, con participación de alguno de los líderes de esas organizaciones que se encuentran presos. Los traslados que se han generado en los últimos tiempos, de alguna manera, constituyen un obstáculo para el funcionamiento de estas organizaciones y esto les ha generado una evidente molestia”.

En otro orden, se refirió a la iniciativa del senador Pedro Bordaberry de promover un proyecto de ley para que la Jutep esté integrada por exmagistrados.

“Creo que el problema con la Jutep, fundamentalmente en el período pasado, fue la ausencia de interés en investigar claramente. Tuvimos situaciones, como la del senador Sartori, que era una clara violación de la situación vinculada a su obligación como senador de la República, que fue denunciada al inicio de la gestión del gobierno, en el 2020, y se tomó una decisión en el 2024”.

Por último, dijo que hubo hechos claramente vinculados a temas éticos o eventualmente de corrupción, como fueron los casos Astesiano y el pasaporte otorgado a Marset. “La Jutep no participó, no investigó”, subrayó.

Mauricio Zina - Adhocfotos