España analiza prohibir acceso a redes sociales a menores de 16 años

Las propuestas anunciadas en la víspera por España para proteger a los menores en internet, entre ellas prohibir el acceso a las redes sociales a los que tienen menos de 16 años, han sido bienvenidas por Bruselas, que no obstante recuerda que estas iniciativas deben enmarcarse en la normativa europea ya existente.

La iniciativa española va en línea con otros países europeos y se suma a las investigaciones de Bruselas y de estados miembros sobre supuestas malas prácticas de compañías tecnológicas como X, tras el escándalo de la 'nudificación' de fotografías en Grok.

La Comisión Europea ha celebrado las medidas de Sánchez pero ha advertido al Gobierno que debe atenerse a ley de servicios digitales (DSA) de la Unión Europea, sin imponer "obligaciones adicionales" a las grandes plataformas.

"Tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Valoramos que haya Estados miembros que quieran ir un paso más allá restringiendo potencialmente el acceso de los niños a las redes sociales (...), pero imponer obligaciones adicionales a las plataformas no es posible", insistió hoy el portavoz de política digital de la Comisión, Thomas Regnier.

¿Puede España imponer una edad mínima de 16 años?

Sí. España, Francia, Dinamarca, Grecia e Italia lideran el debate entre los Veintisiete para imponer una edad mínima en la UE para acceder a las redes sociales, con París y Copenhague fijando el umbral en los 15.

La Comisión Europea ha evitado por ahora legislar en este sentido, dada la falta de consenso entre los países de la UE, y alegando que se trata de una competencia nacional, por lo que da libertad a los Gobiernos para que establezcan el límite de edad que deseen.

¿Cómo puede lograr España que las plataformas respeten el umbral?

Esta cuestión genera más dudas en la Comisión Europea, a la espera de ver la propuesta definitiva del Gobierno.

La DSA obliga a las redes sociales a tener "medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar un alto nivel de privacidad, seguridad y protección de los menores", pero les da libertad a la hora de diseñarlas.

La Comisión anima a las plataformas a tener sistemas que les permitan verificar con exactitud si los usuarios tienen más de 18 años cuando ofrezcan productos a mayores de edad, como alcohol, tabaco, drogas o contenido pornográfico.

Bruselas también lanzó el año pasado una aplicación móvil que permite a las plataformas y a las páginas web verificar la edad de los usuarios sin poner en riesgo su privacidad, una herramienta que está testando en un programa piloto en España, Francia, Dinamarca, Grecia e Italia.

Pero se trata solo de un instrumento voluntario que el Ejecutivo comunitario pone a disposición de las compañías para garantizar la protección de los menores, por lo que España no podría obligarles a usar la Cartera Digital que está desarrollando.

Directrices de la DSA

Junto a esta app, la Comisión publicó unas directrices a seguir por las plataformas para proteger a los menores, medidas voluntarias que pueden aplicar para demostrar que cumplen con la DSA.

Entre ellas, plantea que las cuentas que los menores se abran en las redes sociales sean privadas por defecto, para que solo puedan interactuar con las personas que han aceptado previamente. Así, únicamente podrán dar y recibir 'me gusta', comentar o publicar contenidos de los contactos que siguen.

Para evitar el ciberacoso escolar, el Ejecutivo comunitario también reclama que no se pueda añadir a los menores a ningún chat sin su consentimiento.

Bruselas también reclama que la reproducción automática de videos, los filtros para retocar la propia imagen, así como la cámara, el micrófono y los sistemas de geolocalización de los dispositivos estén desactivados.

Y que los contenidos que recomienden a los menores sean "adecuados" a su edad, especialmente la publicidad.

Responsabilizar a los directivos

Sánchez también anunció que el Gobierno quiere que los directivos de las plataformas asuman la responsabilidad legal en caso de incumplir la ley. Se trata de una medida que también ha pedido el Parlamento Europeo, pero que no contempla la DSA y que el Ejecutivo comunitario tampoco se plantea.

Uno de los principios en los que se basa la ley europea es que las compañías no son responsables del contenido que publican los usuarios en internet. Las plataformas solo están obligadas a eliminar el contenido ilegal si tienen conocimiento del mismo, porque lo ha denunciado un usuario, un verificador o se lo han pedido las autoridades nacionales.

La normativa exige a las compañías que no potencien la propagación de contenido ilegal o contrario a los derechos fundamentales, es decir, que sus algoritmos no promuevan este tipo de información.

Por eso, la DSA obliga a las grandes tecnológicas —las que tienen más de 45 millones de usuarios mensuales, entre las que se encuentran X, Instagram, Facebook o TikTok— a elaborar informes anuales evaluando el riesgo que pueden causar sus plataformas y a poner en marcha medidas para evitarlo, y contempla sanciones de hasta el 6 % de la facturación anual para firmas que lo incumplan.

Investigar a TikTok, Grok e Instagram

Sánchez también anunció ayer que el Gobierno trabajará con la Fiscalía para investigar a estas tres compañías, como ya ha hecho Francia en el caso de Grok.

La Comisión ha evitado comentar las investigaciones en Francia, alegando que la justicia francesa las hace en base a su propia legislación y no la DSA.

Texto: EFE - Pablo Vignali/AdhocFotos