Frente Amplio está dispuesto a pedir anulación de la compra de patrullas oceánicas
Javier García afirmó que la decisión del gobierno se tomó con seriedad y asesoramiento técnico
06.09.2024 | tiempo de lectura: 2 minutos
La senadora del Movimiento de Participación Popular, Sandra Lazo, anunció que el Frente Amplio está dispuesto a solicitar la anulación de la compra de dos patrullas oceánicas realizada por el Ministerio de Defensa Nacional al astillero Cardama, ya que esta fuerza política considera que hubo irregularidades en la elección del astillero, conllevará riesgos financieros y de seguridad, y representa un gasto elevado.
Lazo, quien afirmó que la negociación fue “mamarrachesca”, admite que los patrulleros oceánicos son una necesidad que se discute desde 2010, pero cuestiona el proceso de compra llevado a cabo por el gobierno.
La legisladora sostuvo que la compra no se dio con anterioridad porque, “no se lograba llegar a una licitación que pudiera adquirirlos”, y comentó que al principio de la gestión del presidente Luis Lacalle Pou “se convocó a los distintos partidos a conformar comisiones para poder llevar adelante una licitación”.
Afirmó que la licitación, que comenzó siendo un proceso “competitivo”, derivó en “desprolijidades” pasando a ser una compra directa. También cuestionó que la compra se realizará a un astillero sin la experticia suficiente, ya que “nunca ha construido un patrullero de este tipo".
Expresó también que la elección de Cardama fue criticada no solo por el Frente Amplio, sino también por un informe técnico presentado por el exjefe del Estado Mayor de la Armada, contraalmirante Gustavo Musso, quien tenía una opinión “discorde” y “muy fundada técnicamente”, lo que “terminó con su pase a retiro”.
La senadora informó que hace pocos días le remataron una embarcación al astillero, elegido por el Ministerio de Defensa, porque “carece de sustento financiero” como para asumir el costo de algo “tan importante como es la construcción de un patrullero oceánico”.
El astillero debe abonar un aval de 4 millones de dólares para comenzar la construcción de las patrullas compradas por el gobierno uruguayo, pero no ha logrado obtener el financiamiento.
Agregó que no conseguir el aval bancario en el territorio para la construcción de los astilleros, termina en la solicitud al Banco de Seguros del Estado (BSE), lo cual al Frente Amplio le parece “bastante contradictorio”, ya que el país “fuera garante de algo que se le va a vender a Uruguay”. Dijo que ante la negativa del BSE a conceder el aval “con muy buen criterio” se acude a Abitab.
La senadora emepepista manifestó que los 92 millones de dólares aproximadamente es un gasto que vamos a hacer “todos los uruguayos”.
Javier García: “los lobbies se impusieron a los intereses nacionales”
El exministro de Defensa Nacional Javier García, quien participó en este proceso, afirmó que la compra de las patrullas oceánicas “no se puede lograr” porque los “intereses” y los “lobbies políticos y empresariales se impusieron a los intereses nacionales”, y agregó que “hubo diferentes instancias en diferentes Gobiernos”, pero dichos intereses “impidieron” su concreción.
“Espero que esta vez no se impida”, dijo y aseguró que “todas las decisiones que se tomaron fueron con una adecuada seriedad y una técnica muy afinada”, participando uno de los estudios más importantes del Uruguay (Estudio Delpiazzo), con el que “todos los gobiernos se han asesorado”.
