Gómez y una credibilidad afectada

Muchas veces observamos con asombro lo que ocurre en la Argentina con el sistema judicial: protagonismo público de algunos jueces y fiscales que transitan los medios y se transforman en personajes; operadores de la Justicia que actúan como operadores políticos de distintos bandos; acusaciones de corrupción; ocultamiento de pruebas y acciones que procuran impedir el esclarecimiento de casos detonantes.

Y cuando el fallo no es favorable a quien gobierna, como ahora, se monta una enorme maquinaria para triturar a los no alineados.

La sustitución de la fiscal Gabriela Fossati por parte del fiscal general interino Juan Gómez en plena investigación, constituyó un paso que nos acerca a la Argentina.

La decisión, así como toda la actuación del Fiscal General en este caso en particular, pero no solo, ha generado suspicacias, dudas, acusaciones y un contundente rechazo no sólo en el ámbito político del oficialismo, sino de parte de Asociación de Abogados Penalistas y del Colegio de Abogados a través de sendas y duras declaraciones.

El Colegio de Abogados realizó cuestionamientos que trascienden a Gómez -aunque de hecho lo incluyen- y se dirigen, entre otros, a Fossati y Romano.

El Colegio de Abogados manifestó “su preocupación por acciones recientes que ensombrecen” la “rica historia” de la Justicia uruguaya y recordó “a todos los operadores del sistema de Justicia, el decoro y la prudencia con que deben conducirse, para evitar que cuestiones personales, diferencias partidarias o decisiones tardías, confusas o inoportunas, pongan en riesgo la confianza en el sistema”.

Los abogados también rechazaron “cualquier tipo de injerencia e interferencia de otros sistemas orgánicos y actores cuya función no es la de impartir justicia ni son titulares de la pretensión punitiva del Estado”.

Es decir, un comunicado que refleja la sensación de que hay terceros operando, presionando o actuando.

Los penalistas también señalaron que la decisión de Gómez no se enmarca en ninguna norma sino que responde a “vagos criterios de conveniencia” y causa “desorden”.

Todo este episodio, por lo tanto, no solo lo ha dejado a Gómez más débil de lo que ya estaba, sino que además, ha hecho un importante daño institucional al Uruguay. Lo dijo también la Asociación de Penalistas: “afecta a la credibilidad y funcionamiento de Fiscalía”.

En este conflicto había y hay claramente dos partes que tienen relación con sus posturas hacia el exfiscal Díaz, con un trasfondo político y también con enfrentamientos personales. Y Gómez, en lugar de mostrarse ecuánime y equidistante, claramente, tomó parte de una de ellas.

Y esto mucho más allá de las actitudes de la fiscal Fossati, de los aspectos que puedan cuestionarse de su carácter, de las idas y venidas. De sus quejas. Y de los contradictorios pedidos de licencia con retornos anteriores a lo previsto.

Al respecto cabe recordar que el fiscal Romano en su ausencia, se entrevistó en la cárcel con Astesiano, de lo que no informó a Fossati.

Y aquí surgió otro insólito capítulo de contradicciones públicas sobre los motivos de la visita de Romano a Astesiano entre el mencionado fiscal y el abogado del preso.

La fiscal acusó primero a Romano de violencia de género y después -en otro hecho impactante- acusó públicamente a Gómez de haberla “destratado cobardemente por problemas de él con Presidencia”. Y además, de desoír sus pedidos y de separarla de su equipo y reasignarla a otra Fiscalía "en un despacho cercano a Romano”, según dijo.

La propia conferencia de prensa que ofreció Gómez no hizo más que dejar en claro que el Fiscal General tomó parte de esta interna. Todos sus cañones apuntaron directa o sutilmente hacia Fossati.

- Habló de los pedidos de traslado de la fiscal, pero fueron anteriores a su primera reincorporación. Y ocurre que luego de eso, hizo otro pedido para que no la sacaran de la causa. Gómez no le dio trascendencia.

- Justificó el traslado en la necesidad de bajar el ruido mediático. Por lo tanto, responsabilizó directamente a Fossati, de ese ruido. Ni al otro fiscal en conflicto con ella, ni a ninguno de los otros actores, ni a los pedidos políticos para que la sancionara y apartara del caso y el goteo estratégico de las filtraciones que tal vez debió investigar.

- Como ha podido comprobarse, además, la propia postura de Gómez, no hizo más que aumentar el ruido mediático que dijo querer bajar.

- El fiscal de Corte se ha mostrado satisfecho con el acuerdo que concretó Fosatti con Astesiano, pero no la dejó seguir adelante con la investigación disparada por la visita que Gustavo Leal realizó a los padres de Astesiano. Cortó de raíz sus actuaciones.

Todo lo ocurrido y el contexto tan complejo suponen desde el inicio una enorme presión sobre la nueva fiscal que sustituye a Fosatti: Sabrina Flores.

Aunque pueda parecer exagerado quien ocupa el cargo de Fiscal General, desde la vigencia del nuevo Código, es una de las personas más poderosas del país: por lo que hace y por lo no hace, por lo que puede dejar hacer y por lo que no deja hacer.

Si algo quedó en claro de este descalabro público que ha quitado credibilidad a la Fiscalía y afectado al sistema de Justicia -así lo dicen abogados y penalistas- es la omisión de la clase política que no ha logrado ponerse de acuerdo en el nombramiento de un fiscal titular, cuya fuerza y el apoyo de un amplio espectro político, podría enmendar las cosas.

Salvo que haya quienes no quieren el cambio.

Todo esto ocurre, además, antes de que se terminen de considerar causas tan importantes como la del Antel Arena (caso en el cual recientemente se cambió al fiscal que había avanzado en las investigaciones) o la fuga de Morabitto y sus juntadas con el capo narco mexicano Gonzáles Valencia, entre otras.

Todo esto también ha dejado otra cosa muy en claro: y es que Gómez, sin apoyo de oficialismo, cuestionado por abogados y penalistas y con una Fiscalía tan revuelta, es a esta altura una parte central del problema. Y no de una solución.