La Justicia falla contra el Estado por omisiones en femicidio y crea precedente
Entrevista a Pablo Lamela, abogado de la familia de Daiana Laguna, asesinada por su expareja
22.10.2026 | tiempo de lectura: 2 minutos
Daiana Laguna tenía 31 años cuando el 4 de agosto de 2022 fue asesinada por su expareja, en la zona de Las Duranas. En reiteradas ocasiones había denunciado al hombre por agresiones y amenazas. El día del femicidio, salió de su casa junto a sus dos hijas para denunciar en la seccional policial, que el hombre –que tenía un perimetral– se encontraba nuevamente en las inmediaciones de la vivienda.
Han pasado cuatro años del femicidio y la Justicia condenó al Estado a pagar 200.000 dólares a la familia de Daiana. La sentencia detectó 22 omisiones en el accionar de los organismos que debían intervenir para protegerla.
“El fallo son veintidós hitos puntuales, sin perjuicio de todo este periplo, nosotros nos concentramos en los últimos dos meses de su vida en el cual, tanto fiscalía como el Poder Judicial y Ministerio Interior —que fueron los tres organismos demandados— tuvieron una catarata de omisiones, de acciones mal tomadas y acciones tomadas tardíamente. Para la justicia, esto posibilitó el aumento del riesgo, por lo que se terminó condenando al Estado por responsabilidad civil, en la muerte de Daiana”, explicó.
Una a una se sumaron las omisiones de los organismos responsables hasta llegar a la escena final. Daiana se encontraba en la vía pública (había llamado al 911 y no tenía respuesta) y su expareja estaba en el techo de su casa.
En simultáneo, una amiga estaba llamando al 911 porque Daiana le había mandado un video de las cámaras de vigilancia de su casa.
Finalmente ocurrió el femicidio.
“Daiana hizo personalmente cinco denuncias en ese período de dos meses en la seccional. El Hospital Pereira Rossell, que es quien elabora un informe, fue el único segmento del Estado que actuó correctamente. Redactó un informe por el equipo multidisciplinario indicando el alto grado de vulneración y de vulnerabilidad del hogar en general y pidiendo las medidas cautelares con informes técnicos de asistentes sociales, trabajadores sociales, psicólogos y psiquiatras, respecto a la situación de las niñas, que ya tenían sus propias consecuencias físicas por todo lo que estaba viviendo la madre”, afirmó.
Por último, Lamela señaló: "Esperemos que no haya otras víctimas, sin perjuicio de que es bastante esperable que con este funcionamiento pueda haber. Ojalá que no. Por otro lado, el fallo sienta un precedente y con la familia tenemos la esperanza que esto se visibilice”.
En la foto: Sede de la Suprema Corte de Justicia en Montevideo (Javier Calvelo/adhocFotos)
