Las denuncias contra el acuerdo en el puerto no terminan en la interpelación, dijo Carrera
Se está consagrando un monopolio contrario a la ley de puertos, dijo el frenteamplista
17.08.2021 | tiempo de lectura: 2 minutos
El Frente Amplio intenta detener un proceso contrario a la legalidad en el puerto de Montevideo en la interpelación de este miércoles, dijo el senador Charles Carrera, miembro interpelante. Pero, más allá de la instancia parlamentaria, su partido seguirá dando todos los pasos necesarios para evitar que se concrete la entrega del puerto a manos privadas, sostuvo.
La interpelación, según Carrera, busca frenar un proceso que atenta contra la legalidad. “Vamos por defender la soberanía portuaria y el trabajo de operadores y empresas” que prestan servicios en el puerto capitalino, subrayó el legislador.
La interpelación será al ministro Luis Alberto Heber, hoy titular de la secretaría de Interior, pero que en el momento del acuerdo entre el gobierno y la empresa era el ministro de Transporte y Obras Públicas.
A pocos días de asumir, las nuevas autoridades iniciaron una negociación con Katoen Natie para evitar el juicio internacional. La interpretación del gobierno entrante es que había riesgos de iniciarse el litigio internacional y se priorizó un acuerdo con la firma belga, que se terminó anunciando en marzo de 2021 por el presidente Luis Lacalle Pou ante la Asamblea General.
El mandatario informó en esa oportunidad que las negociaciones de casi un año se saldaron con un acuerdo por el cual Katoen Natie retiraba la demanda, pero además se comprometía a invertir 460 millones de dólares en la terminal y rebajar tarifas; el gobierno daba la concesión del área especializada por 50 años más, hasta 2081.
Carrera sostiene que la posibilidad de juicio por parte de TCP manejada por el gobierno fue una amenaza sin mayor sustento y que, en cambio, es probable que —con las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo— la demanda internacional llegue por los accionistas de Montecon, empresa de servicios portuarios que opera en los muelles públicos.
Entre Katoen Natie y Montecon hubo varias disputas legales en los últimos años, ya que la concesionaria reclamaba por las habilitaciones y servicios que la ANP permitía dar en los muelles públicos.
Desde el Gobierno se afirma que la posibilidad de extender la concesión estaba en el contrato original con TCP de 2001, y que una ley votada en 2017 por el Frente Amplio extendió el máximo de concesiones de 30 a 50 años, plazo por el que se otorgó una terminal en el puerto a UPM.
Sin embargo, Carrera sostiene que no hay registro de informes jurídicos o económicos del Gobierno que respalde lo actuado, y que en 2008 el Tribunal de lo Contencioso Administrativo se había expedido en contra del pedido de Katoen Natie de tener prioridad en el puerto.
El oficialismo, además, destaca que la competencia actual es contra otros puertos y no entre terminales en un mismo puerto. Afirman que con las inversiones prometidas por TCP el puerto ganará competitividad y logrará bajar las tarifas.
Para el Frente Amplio, la extensión de la concesión debe surgir de una ley y pasar por el Parlamento. Cuestionan que por resolución del Poder Ejecutivo se esté consagrando un monopolio contrario a la ley de puertos.
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