Los presos no votan, pero muchos tienen derecho a hacerlo
Por Mauricio Almada
07.02.2024 | tiempo de lectura: 3 minutos
El sistema carcelario uruguayo padece de severos problemas. Con algunas excepciones de unidades de reclusión “modelo”, las otras no cumplen con su cometido primordial de rehabilitar a las personas privadas de libertad. Las condiciones en las que sobreviven son extremas, hacinamiento, pocas horas al aire libre, mala alimentación, maltrato, escasas oportunidades para trabajar y para estudiar.
Los números de reincidencia demuestran que el intento de rehabilitación fracasa en la mayor parte de los casos. Así las cárceles se convierten en lugares de tormento, donde solo se vive el castigo de la pena, sin efectos redentores. Más allá de que debería recurrirse con mayor asiduidad a medidas alternativas a la privación de libertad, la realidad nos muestra que el sistema atiende a más de 15.500 personas que terminaron tras las rejas, lo que representa un número muy elevado en relación a la población del país. De todo esto ha dado pruebas contundentes el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, durante los dos períodos que lleva al frente de esta difícil tarea, al igual que lo hizo su antecesor Álvaro Garcé.
Entre los varios derechos vulnerados a las personas privadas de libertad está el de participar de las elecciones que son obligatorias para la ciudadanía. ¿Todos los presos pueden votar? No.
El artículo 80 de la Constitución de la República, en su inciso 2°, establece que la ciudadanía queda suspendida “por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría”. No disponemos de datos actualizados respecto a cuántas personas están en esa condición, pero se estima en más del 30% del total de la población carcelaria.
En 1999 se modificaron varios artículos de la Ley de Elecciones del año 1925, y uno de sus ellos prohíbe instalar comisiones receptoras de votos en los locales de las Fuerzas Armadas o la Policía, lo cual hecha por tierra la posibilidad de que los presos puedan votar en las cárceles, en virtud que están bajo la órbita del Ministerio del Interior.
Si bien en su momento se debatió si las prisiones deberían volver al Ministerio de Educación y Cultura, como lo fue hasta 1971, o a otra unidad especializada, esto no se concretó y la policía sigue trabajando en la prevención y represión del delito, además de continuar con la administración carcelaria.
Petit envió el año pasado a la Corte Electoral una solicitud para que los presos puedan ejercer este derecho. La respuesta fue que la solución no es administrativa. Esto debido a que si los únicos que no pueden votar son los que están penados con penitenciaría y/o prisión (artículo 77 de la Constitución), lo que habría que hacer es directamente cambiar la ley. Posibilidades: desvincular al Ministerio del Interior de las cárceles, o llevar a las personas privadas de libertad habilitadas hasta los circuitos donde les toca votar, afuera de las prisiones.
En entrevista en Justos y pecadores, en diciembre el año pasado, Petit dijo que “votar es parte de la integración a la sociedad y sin duda deberían votar, salvo en delitos extremos”. Estimó que “no debería olvidarse que todo derecho conlleva una obligación”. Resaltó como ejemplo positivo lo que pasó en las últimas elecciones universitarias, donde votaron tanto hombres como mujeres privadas de libertad que cursan estudios en la Universidad de la República.
El ministro de la Corte Electoral, Pablo Klappenbach, opinó en su momento que “la legislación tiene que garantizar el derecho de todos a votar” y comentó lo que pasa en Argentina y en Ecuador donde hay circuitos dentro de las cárceles y los delegados de las mesas receptoras de votos son personas privadas de libertad.
En un dossier referido a los años 2005-2006 ya Álvaro Garcé indicaba que la omisión del Estado “es significativa porque está en juego una cuestión de ciudadanía y aun en prisión, los ciudadanos deben mantener sus hábitos democráticos”.
Volviendo al comienzo: sería bueno que en año electoral los legisladores tomaran este asunto como algo importante, porque no solo estarían asegurando un derecho, sino también dignificando como ciudadanos y ciudadanas a las personas privadas de libertad.
