MEC intervino Villa Española por incumplimiento de estatuto

«Presentar esto como un caso de persecución política es indefendible. Solo la ignorancia o mala fe pueden explicar algunas reacciones», dijo Da Silveira

24.06.2022 | tiempo de lectura: 2 minutos

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) intervino por hasta seis meses, el club Villa Española y decidió desplazar a sus autoridades.

Leandro Iglesias es el interventor designado que deberá limpiar el padrón social y convocar a elecciones y regularizar el uso de las redes sociales del club.

El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, se refirió a la situación en su cuenta de Twitter. «La opereta que algunos están montando en torno a la intervención de Villa Española es vergonzosa», apuntó.

«Aquí van los hechos. Villa Española, como muchos clubes deportivos, es una asociación civil. El MEC es el encargado de darles personería jurídica. Las asociaciones deben solicitarla y presentar el estatuto con el que van a funcionar. El MEC lo aprueba y es el encargado de velar por su cumplimiento. Cuando algunos miembros de una asociación civil entienden que sus autoridades no están cumpliendo los estatutos aprobados, pueden hacer una denuncia ante el MEC. Entonces el MEC indaga y da oportunidades de defensa. El MEC no actúa si no hay denuncia», aclaró el ministro.

Según relató, «hace algún tiempo, un grupo de socios de Villa Española presentaron una denuncia. Ante eso, el MEC está obligado a actuar. No se evalúan conflictos internos, ni intenciones, ni orientaciones políticas. Solo se verifica si se está cumpliendo o no el estatuto».

En el caso de Villa Española, agregó, «se denunciaron numerosos apartamientos».

El ministerio «encontró lo que efectivamente parecían irregularidades: elecciones que no se hacían, decisiones de asambleas que no se respetaban, ausencia de una Comisión Fiscal en funciones».

Da Silveira explicó que «el artículo 5 del estatuto de Villa Española obliga a la institución a mantener una ‘absoluta prescindencia en materia política o religiosa’. Los denunciantes aportaron evidencia de que esto no se cumplía. Si ese artículo no estuviera en el estatuto, la discusión no existía».

En este sentido, el ministro señaló que el MEC hace lo que siempre hace en estos casos: «recibió una denuncia, analizó sus fundamentos, dio vista, analizó la respuesta de la institución, entendió que no era satisfactoria». De esta manera decidió la intervención.

«Las garantías del debido proceso hacen que la decisión todavía no sea firme. La institución puede recurrir y puede asumir compromisos que hagan que la intervención no se concrete. Todo eso es normal y frecuente. Ante una denuncia presentada por algunos socios, el MEC inició un procedimiento habitual y concluyó que efectivamente había irregularidades», aclaró.

Da Silveira insistió que esta situación «nada de esto tiene que ver con política».

«El MEC hubiera actuado del mismo modo, cualquiera fuera la orientación de las autoridades. Presentar esto como un caso de persecución política es indefendible. Solo la ignorancia o la mala fe pueden explicar algunas reacciones», concluyó.

Por su parte, el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh), Juan Faroppa, dijo a Canal 5 Noticias que pedirá que el organismo tome cartas en la intervención dispuesta por el MEC.

El objetivo es analizar si hubo vulneraciones en los derechos de las personas.