Operadores penitenciarios califican como un “logro” la condena al Minsterio del Interior
Justicia condenó a la INR a reducir el hacinamiento en el ex Comcar, adecuar el número de funcionarios y realizar informe sobre situación edilicia
16.09.2024 | tiempo de lectura: < 1 minuto
El Sindicato de Trabajadores Penitenciarios (Sitrapen), conjuntamente con el Sindicato de Policial Nacional (Sipolna), los cuales forman parte de la Unión de Sindicatos Policiales del Uruguay, calificaron como un “logro” el haber obtenido una sentencia favorable por parte de la Justicia, que “acogió el planteo en cuanto a la situación de hacinamiento, falta de personal y condiciones edilicias de la Unidad 4, Comcar”, según señala un comunicado de los operadores penitenciarios.
Consideran que se trata de una sentencia de “gran relevancia” para “continuar generando conciencia sobre la crítica situación carcelaria, tanto para reclusos como para funcionarios policiales que allí trabajan”.
Tras la presentación de un hábeas corpus por parte del gremio de operadores penitenciarios por hacinamiento, falta de personal y deficientes condiciones edilicias en el complejo carcelario Santiago Vázquez (ex Comcar), el juez Ruben Etcheverry Maneiro resolvió el pasado viernes condenar al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) del Ministerio del Interior (MI) a bajar el hacinamiento en los módulos 3,4,8,7 y 11, establecer en 45 días la cantidad de funcionarios necesarios por recluso para operar de manera eficiente -detallando el número de operadores penitenciarios, técnicos y personal de mantenimiento-, adecuar en un plazo razonable la cantidad de policías que se necesitan para la tarea, y realizar en 90 días un informe técnico por parte del Departamento de Arquitectura del INR en el que se diagnostiquen los principales problemas edilicios de cada módulo.
La sentencia señala que el ex Comcar hay 5.200 personas privadas de libertad y que el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario ha dado cuenta desde 2016 de las carencias y situaciones “malas y muy malas”, así como de “enorme fragilidad” en lo que respecta a higiene, salud, saneamiento y situación edilicia que afectan a reclusos y funcionarios policiales.
Foto: Adhoc/FOTOS
