Punta Ballena: opositores al proyecto inmobiliario reclaman declaración de área protegida
Otra posibilidad es conseguir fondos mediante una empresa internacional de «crowdfounding», se expropie a sus dueños y luego se done al Estado
23.05.2024 | tiempo de lectura: 2 minutos
Luego de la reunión de esta semana con el Presidente de la República, las agrupaciones y organizaciones que se oponen al proyecto del Complejo Residencial Punta Ballena esperan el informe del Ministerio de Ambiente que determine la viabilidad de la construcción de 29 bloques de 320 apartamentos.
Isabel Gadino, arquitecta, doctora en Medio Ambiente y Sociedad, que integra el grupo de estudios territoriales del Centro Universitario Regional Este (Cure) de la Universidad de la República, dijo a Informativo Uruguay que “este proceso colectivo de varias organizaciones y el mundo académico comenzó el 2 de noviembre del año pasado, cuando se dio a conocer públicamente el proyecto para la zona, y la riqueza del movimiento permite que al día de hoy hayamos podido mantener contactos con el Presidente, con los candidatos presidenciales, con los gestores, con los medios, y esto se debe a que hay mucho trabajo de mucha gente atrás”
Gadino explicó que “Punta Ballena es un lugar geológicamente particular, el único acantilado que tenemos en Uruguay que tiene una antigüedad de 530 millones de años y con una biodiversidad compuesta de especies únicas. Hay mucha información del porqué no debería eliminarse Punta Ballena”.
A esto también hay que agregarle “el uso histórico público de Punta Ballena, que incluso su primer propietario Antonio Lussich sostenía que esa península tenía que ser usado para el uso público” sostuvo. “Acá hubo malos manejos y definiciones de diferentes gobiernos, desde la herencia de Lussich hacia acá”.
Los terrenos de Punta Ballena nunca fueron expropiados, ni siquiera bajo resolución de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) del año 2001, donde se definió que la tierra es propiedad privada, pero que el Estado debe expropiarla. Desde 2008, la Ley de Ordenamiento Territorial establece que los 150 primeros metros desde la costa tienen que quedar libres para el uso público.
Las organizaciones que están en contra de este complejo de viviendas, consideran que esta debe ser un área natural protegida. La otra posibilidad es expropiar mediante una empresa privada que se dedica al crowdfounding para buscar fondos internaciones para filantropía ambiental y luego donarla al Estado”.
Texto: Informativo Uruguay
