Recomendaciones de AI Uruguay sobre el embarazo infantil: «prevenir, atender y reparar»
En los últimos años, los embarazos en menores de 15 años registran un estancamiento, bajaron los nacimientos y aumentaron las interrupciones voluntarias
19.11.2022 | tiempo de lectura: 3 minutos
El informe 2022 de Amnistía Internacional Uruguay – AI Uruguay, sobre el embarazo de niñas y adolescentes menores de 15 años, da cuenta que «a pesar que la agenda de derechos sexuales y reproductivos en el país ha tenido grandes avances, aún persisten serias dificultades y obstáculos para la prevención, abordaje y reparación de situaciones de embarazo infantil».
Agrega que «el manejo de información para tomar decisiones autónomas y consentidas respecto a la sexualidad requiere de la institucionalización de las niñas en distintos ámbitos, fundamentalmente en salud y educación».
A partir de 2016, Amnistía Internacional Uruguay, en colaboración con otras instituciones internacionales, se encuentra monitoreando la situación del embarazo infantil en el país, en el marco de la campaña regional «Niñas, no Madres». El objetivo era llamar la atención sobre las graves consecuencias que los embarazos forzados en la niñez dejan en la vida de las niñas.
En 2021 el organismo elaboró el informe «Niñas, no madres: unir las piezas de la violencia sexual», donde se recoge información del monitoreo que se viene realizando.
«Desde 2013 se registra un descenso en los nacimientos producto de los embarazos en niñas y adolescentes menores de 15 años, lo que se vincula con una situación más general que refiere a la baja en la fecundidad y a las medidas tomadas entorno al tema», dijo a Canal 5 Noticias, Lucía Pérez Chabaneau directora ejecutiva de Amnistía Internacional Uruguay.
Sin embargo, las cifras continúan preocupando y se observa además una diferencia entre Montevideo y el interior del país. En el año 2010 se registraron 135 nacimientos de embarazos en menores de 15 años en el interior del país y 50 en Montevideo. En 2021 hubo 33 casos en el interior y 17 en Montevideo.
En total, durante el año pasado se detectaron en el sistema de salud, 108 embarazos infantiles, de los cuales 50 fueron nacimientos y 58 interrupciones voluntarias.
«En los últimos años se registra una suerte de meseta o estancamiento en el número de embarazos, bajaron los nacimientos y aumentaron las interrupciones voluntarias, lo que preocupa porque sigue siendo una vulneración de los derechos de las niñas y adolescentes menores de 15 años ya que el hecho obstétrico, que es el embarazo, se produce de todas maneras, independientemente de cómo termine», destacó Pérez Chabaneau.
En estos últimos dos años la cantidad de interrupciones realizadas prácticamente igualan o superan a los nacimientos en esta franja etaria. Esto permite aventurar que estas situaciones están siendo captadas cada vez de forma más temprana, dado que así pueden ser consideradas dentro de los casos contemplados por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo – IVE.
A pesar de esto, el aumento de denuncias de violencia, y específicamente abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes resulta alarmante. En 2021 aumentó 43%, si lo comparamos con 2020.
Del total (7.035 denuncias), el 20% refieren a situaciones de abuso sexual, en su mayoría hacia niñas, donde el 75% de los casos son episodios recurrentes o sea situaciones que se mantienen en el tiempo y casi en el 80% de los casos ese abuso se ejerce por una persona familiar o del núcleo íntimo de la víctima, según explicó la directora ejecutiva de AI Uruguay.
«Estas niñas tienen una fuerte propensión a abandonar la escuela, a tener dificultades para obtener ingresos y viven en la pobreza, a la exclusión, a sufrir crisis en el entorno familiar y el estigma entorno al embarazo precoz, la maternidad temprana y el abuso sexual. Además, la cultura del ocultamiento y la naturalización del abuso y la violencia sexual juegan un rol clave como barrera para el abordaje», dice el informe.
Ante esta realidad las recomendaciones y los desafíos entonces, van en la línea de prevenir, atender y reparar estas situaciones, a lo que hay que sumar la producción de información, manifestó Lucía Pérez Chabaneau.
Dentro de la prevención la herramienta que se tiene es la educación sexual integral para todos los niños, niñas y adolescentes, durante todo el ciclo educativo y adaptada a cada edad.
En cuanto a la atención, la directora recordó que «en 2021 se detectó una nueva herramienta desde la política pública que son los sistemas de notificación que tienen los servicios de salud del Estado, que hacen que cuando se detecta un caso, el equipo territorial que lo atiende puede notificar a un equipo central y esto permite hacer un seguimiento, unificar criterios en la toma de decisiones y en el abordaje más integral de la situación».
La atención además debe tener un abordaje interinstitucional – salud y justicia y ahí es donde interviene el tercer eje referido a la reparación, con protocolos de acciones y trabajos en territorio, sobre todo reforzando los recursos en el interior del país.
Información: Carlos González Palacios
Foto: Pixabay
