SCJ suspende el cierre de juzgados de paz con intención de negociar recursos

«Es imposible» concretar la instalación de juzgados especializados en el interior, en el actual marco presupuestal, señala el texto de la resolución

23.08.2021 | tiempo de lectura: 2 minutos

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) resolvió dejar en suspenso el cierre, a partir del 1 de octubre, de 20 juzgados de paz en el interior del país.

Según el texto de la resolución divulgada este lunes, la decisión se toma ante «las posturas publicitadas por los distintos actores institucionales», con la intención de «abrir un ámbito de negociación» con los poderes Legislativo y Ejecutivo para obtener más recursos.

El cierre de juzgados había sido dispuesto, según una Acordada del 12 de agosto, para mejorar la distribución de recursos.

La decisión, que afecta a sedes en Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Florida, Lavalleja, Maldonado, Rivera, Rocha, San José, Soriano y Treinta y Tres, generó reacciones en el sistema político, las asociaciones de abogados y el sindicato de funcionarios del Poder Judicial.

En la resolución que deja en suspenso la medida, la SCJ señala que «es imposible» en el actual marco presupuestal concretar la instalación de los tres juzgados especializados en violencia de género en el interior, habilitados con vigencia el 1 de julio de 2021.

Explica que lo que motivó la decisión del cierre de sedes fue el «déficit presupuestal generado desde el año 2005» y la necesidad de «aplicar recursos en sedes con mayor demanda, como los juzgados especializado en violencia de género».

Además señala que se consideró la baja carga de trabajo en los juzgados afectados, los costos operativos y el traspaso de funciones de registro civil al MEC a partir del 1 de enero de 2022.

Tras la suspensión de la entrada en vigor de la Acordada, la agrupación parlamentaria del Partido Nacional canceló la convocatoria a las autoridades de la SCJ a la Comisión de constitución y código de la Cámara Baja.

La gestión había sido iniciada por el representante por Maldonado, Diego Echeverría, y Mario Colman, de Colonia.

La agrupación de legisladores nacionalistas resolvió en su lugar pedir entrevistas con las máximas autoridades del Poder Judicial y con las asociaciones de operadores (defensores públicos, abogados, magistrados y funcionarios) para tener una visión global de la problemática.