Secretaría Antilavado: operaciones vinculadas a cannabis son cada vez más

Jorge Chediak, secretario Nacional de Antilavado (Senaclaft), comentó en Justos y pecadores, que esa institución tiene roles concentrados en la prevención. "Tenemos una normativa que sigue las recomendaciones internacionales para prevenir el lavado de activos y tratar de evitar que Uruguay se utilice como plaza para incorporar fondos de origen delictivo a la actividad económica normal”, destacó.

Los casos de lavados de activos suelen ser involucrar a importantes con organizaciones criminales, que tienen detrás de ellos a profesionales (abogados, contadores, escribanos) que los ayudan a ir disfrazar el origen del dinero, dijo.

"También hacemos el contralor del origen de los fondos y los beneficiarios, quienes finalmente se terminan beneficiando de las operaciones. Por la reglamentación uruguaya, en el caso de las inversiones vinculadas a cannabis, todas ellas pasan por la oficina, sea la inversión original, ampliación de la inversión o cambio de titular de las sociedades. Cada vez hay más, se está trasformando en un rubro importante la producción de cannabis", agregó.

"Además tenemos alguna situación adicional con licitaciones, como el origen de los fondos y beneficiarios en el caso del Hotel San Rafael. Fue bastante complicado, porque estos negocios están basados en arquitecturas financieras muy complicadas", contó.

"Tanto en el sector de las empresas que aparecen realizando la inversión (el grupo del Sr. Cipriani) como los inversores finales, que terminan financiando los centenares de millones de dólares que estos emprendimientos tienen”, dijo e informó que le llevó seis meses a la Secretaría trabajar en eso. "Se pidió comprobar los fondos y tienen origen lícito", informó.

"El tema en todos estos casos es certificar el origen del dinero. (…) Para esto, como la de cannabis, se hace un investigación de corte detectivesca”, dijo y agregó: “Tenemos pocas persecuciones penales exitosas por lavado de activos. Esa es la realidad".

En otros países hay una solo organismo de contralor y en Uruguay hay dos, es decir, se ha dividido el sistema financiero (controlado por el Banco Central del Uruguay, integrado por unas centenares de instituciones) y del no financiero (integrado por unos 14.000 sujetos obligados del sistema no financiero) controlados y supervisados por la Secretaría Nacional, informó.

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