Senado aprobó por unanimidad la creación del delito de enriquecimiento ilícito
Artículo penaliza el enriquecimiento de los funcionarios públicos y establece una multa y la inhabilitación de dos a cinco años
04.09.2024 | tiempo de lectura: 4 minutos
Este miércoles, el Senado aprobó por unanimidad la creación del delito de enriquecimiento ilícito. El proyecto de ley, de artículo único, incorpora al Código Penal un nuevo artículo, el 159 BIS y establece una sanción de dieciocho meses a seis años de penitenciaría, multa de 50 UR (cincuenta unidades reajustables) a 15.000 UR (quince mil unidades reajustables) e inhabilitación de dos a cinco años.
El texto dice que “el funcionario público con la obligación legal de presentar declaración jurada de bienes e ingresos que, para beneficio propio o de terceros y durante el ejercicio de su cargo, incluso hasta dos años después de haber cesado en su desempeño, obtenga indebidamente a través de su función o por la administración ilícita de fondos públicos, por sí o por interpuesta persona, un incremento patrimonial significativo e injustificado en relación con sus ingresos legítimos» tendrá esas sanciones.
Agrega que con la misma pena “será castigada la persona interpuesta para disimular el enriquecimiento ilícito” y que “se entenderá que hubo enriquecimiento no solo cuando el patrimonio se hubiere incrementado con dinero, bienes muebles o inmuebles u otros valores, sino también cuando se hubiesen cancelado deudas o extinguidas obligaciones que lo afectaban. La prueba del enriquecimiento a que se refiere este artículo será de cargo de la Fiscalía, debiendo intimar al imputado la justificación y prueba razonable de su procedencia, sin perjuicio de los demás medios de prueba disponibles».
El texto alternativo a los proyectos de ley de Cabildo Abierto y del Frente Amplio, que estaban a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, fue aprobado este martes con el aporte del Instituto de Derecho Penal y Criminología de Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar).
Los legisladores de todos los partidos destacaron el acuerdo alcanzado en comisión y la aprobación de este proyecto de ley.
Brenta: “En la función pública es donde muchas veces ocurren hechos de corrupción”
El miembro informante, senador Eduardo Brenta (Frente Amplio), recordó que Uruguay ratificó en 2006 la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que refiere a la preocupación de los Estados ante las “amenazas de la corrupción” y los “vínculos de la corrupción y otras formas de delincuencia”, en particular “la delincuencia organizada y la delincuencia económica” incluido el blanqueo de dinero, convencidos que la corrupción se convirtió en un «fenómeno transnacional”, y que el enriquecimiento personal ilícito puede ser “particularmente nocivo” para las instituciones democráticas las economías nacionales y el imperio de la ley”.
Esta convención no es vinculante para el Estado uruguayo, pero el legislador afirmó que el proyecto va en “consonancia con los más altos estándares institucionales promovidos por Naciones Unidas para el combate a la corrupción”.
Afirmó que el ejercicio del poder público “en muchas ocasiones” se vincula “a las redes de influencia” o, más ampliamente, a “situaciones” que conllevan el uso del poder que otorga la función pública «para obtener beneficios económicos, ya sean directos o indirectos”.
Sostuvo que esto debe ser considerado por el Derecho Penal porque “en la función pública es donde muchas veces ocurren hechos de corrupción”.
De todos modos, dijo que, más allá de este “verdadero vacío legal”, no se puede ignorar que Uruguay ya cuenta con ciertas figuras delictivas como el enriquecimiento patrimonial.
Bianchi: “no actuamos a impulso” ni a “poncho revoleado”
La senadora Graciela Bianchi (Partido Nacional), en nombre de su bancada destacó la aprobación por unanimidad y valoró el aporte del Instituto de Derecho Penal y Criminología que considera que el enriquecimiento ilícito no debe ser un “delito autónomo”, así como el aporte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft)
Rechazó críticas del senador Daniel Caggiani a la tarea legislativa y la no aprobación de algunas normas, quien además pidió “transparencia” y “no legislar a impulso” cuando se presentan “algunos hechos públicos”, sino tener una “agenda positiva” que permita al Parlamento estar en consonancia con lo que “la gente está pidiendo”.
“Se equivoca en algunas cosas”, dijo Bianchi, en referencia a la participación de Caggiani, quien no forma parte de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. La senadora subrayó las recomendaciones de la Academia, y especialmente del doctor Germán Aller, que “Caggiani no pudo escuchar”.
“No actuamos a impulso, somos un país serio, lo que no actuamos es a poncho revoleado”, dijo.
Concluyó que se debe “avanzar” sobre el delito organizado y que la aprobación de este proyecto es una “victoria de todos los partidos políticos”.
Kechichian resaltó el “buen funcionamiento de la comisión”
La senadora frentemplista Liliam Kechichian dijo que “no hay duda que condenar el abuso de poder para enriquecerse es algo que la ciudadanía estaba expresando”.
Lamentó que en esta legislatura no se aprobara el proyecto de ley del Frente Amplio para fortalecer la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Bianchi, en nombre del Partido Nacional, aclaró que “todos vamos por el fortalecimiento” de las instituciones y de un organismo de control que “da tranquilidad”.
Domenech votó en contra de sus “convicciones personales”
El legislador de Cabildo Abierto expresó: “Aceptamos las observaciones, las damos por buenas, aun contrariando nuestras convicciones personales, para facilitar la aprobación de esta norma”. Recordó que la actual normativa ya tipifica delitos como la “conjunción” (del interés público y privado), el cohecho o el fraude.
Coutinho: proyecto de ley “se llama exsenador Pedro Bordaberry”
El senador colorado afirmó que el proyecto aprobado se llama “exsenador y futuro senador Pedro Bordaberry”, y afirmó que el texto fue generado por el exlegislador y candidato al Senado por el Partido Colorado en la legislatura pasada, y que se intentó incluir la propuesta en la LUC.
La presidenta del Senado, Beatriz Argimón, le pidió no convertir “lo que es un éxito en una derrota” y le dijo: “yo sé que ya está en otra carrera”.
Bianchi le pidió a Caggiani que no falte a la verdad, le recordó que ella mencionó en el tratamiento en el Plenario el proyecto de Bordaberry, pero que el texto aprobado “no tiene nada que ver” con el del exlegislador.
Por su parte, la senadora frenteamplista Liliam Kechichian le solicitó al senador colorado “no achicar la cancha”.
