Vida privada e interés público
Por Alfonso Lessa
18.05.2022 | tiempo de lectura: 4 minutos
El reciente anuncio de la separación del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, de su esposa Lorena Ponce de León, no solo circuló durante días a diverso nivel, sino que puso sobre la mesa nuevamente un tema de larga discusión en el periodismo: la relación entre la vida privada y la vida pública y la actuación de los medios.
O dicho de otro modo, hasta dónde puede llegar el periodismo en la vida de las personas. Cuáles son los límites. Se ha discutido y se discute mucho en todo el mundo este asunto, ha sido motivo de seminarios, encuentros profesionales, debates académicos. Y también muchos manuales de estilo de medios refieren a estos límites.
En estos días también se plantea otro episodio, este de larga data, que puede ayudar al análisis: el homicidio del fotógrafo argentino José Luis Cabezas, sobre el cual Netflix acaba de producir un documental: “El fotógrafo y el cartero”.
Hubo otros casos famosos, como el que en su momento impactó a nivel mundial, sobre la relación entre el entonces presidente Clinton y la becaria Mónica Lewinsky, en 1998.
Se trata de temas y asuntos muy distintos y me adelanto a opinar que en el caso de la separación presidencial, creo que se tomó la mejor decisión: transparentarlo sin misterios.
Cuando estas cosas se ocultan, se alimentan especulaciones, fantasías. Claro que una vez más, las redes han sido y están siendo vehículos muy mal utilizados. Un elemento que no existía en otros casos de fuerte impacto en el pasado.
¿Cuál es o debería ser el criterio general para los periodistas? El de respetar la vida privada teniendo en cuenta al menos dos factores 1) que la esfera de privacidad de las personas públicas es menor que la de las personas comunes y corrientes, lo que se potencia en dirigentes políticos, en particular aquellos electos y que ocupan cargos con responsabilidades ante la ciudadanía. 2) que los hechos de los que se informe tengan realmente un interés público, lo que en principio deja afuera asuntos de la intimidad que no impactan en la ciudadanía.
El manual de estilo de la agencia española EFE, por ejemplo, establece que se “respeta el derecho de las personas a su intimidad, al honor y a la propia imagen, que serán sopesados cuando colisionen con el derecho de los ciudadanos a estar informado”.
Es decir que puede haber dos derechos en colisión, sobre lo cual deberán decidir los periodistas y medios. En la decisión, salvo que haya mala fe, el sentido común ayuda o debería ayudar mucho.
Y acá vamos a los dos ejemplos: el de la separación de un presidente u otro gobernante, ministro o legislador de su pareja, ¿es noticia más allá del hecho? ¿Lo que haya ocurrido entre ellos para tomar la decisión que asumieron, colisiona “con el derecho de los ciudadanos a estar informado”? Parece claro que no. Salvo aspectos ocultos como han ocurrido en la historia, vinculados, por ejemplo, al espionaje. Otra situación, obviamente.
El reconocido periodista argentino Daniel Santoro, autor de investigaciones muy relevantes en su país, como el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, ha defendido incluso el uso del micrófono oculto. Pero también ha dejado en claro que nunca usó de esas grabaciones nada referido la intimidad de las personas. Este, el del micrófono oculto, es un asunto que abre campo a otro debate, que trasciende a esta columna.
Pero vamos al caso dos, sobre todo para los más jóvenes o quienes no lo recuerden:
José Luis Cabezas era un reportero gráfico, de la revista Noticias de Argentina que logró identificar en 1996 a un misterioso empresario, Alfredo Yabrán, involucrado o acusado de integrar una trama mafiosa política empresarial. Y muy vinculado al menemismo.
Y Cabezas lo fotografió en la playa argentina de Pinamar. Su foto fue tapa de Noticias y desató una investigación y posterior escándalo. Su reacción, la de Yabrán, fue muy dura y dijo que era como si le hubieran pegado un tiro. Hasta ese momento según se informó, se enorgullecía de que presuntamente ni los servicios de inteligencia tenían su fotografía.
Casi un año más tarde Cabezas fue asesinado y hallado en su auto prendido fuego. Varios policías fueron condenados a largas penas de prisión.
Yabrán, presuntamente, se suicidó en 1998. En su momento hubo dudas sobre la veracidad del suicidio, pero al menos hubo dos periodistas que identificaron el cuerpo.
Cuando Yabrán fue fotografiado estaba en la playa descansando con su familia y podría decirse que se vulneró su intimidad. Sin embargo, él y la trama que representaban tenían un indudable interés público.
Esa es la diferencia.
No en todos los países y no todos los periodistas ni medios actúan igual. En general en Uruguay ha existido una tradición de respetar la vida privada. Algunos medios de Inglaterra, por ejemplo, son el extremo opuesto: basta con recordar el hostigamiento que recibió Lady Di y terminó con su muerte en un accidente cuando la perseguían los periodistas.
Hoy las cosas se complican bastante más cuando los protagonistas se encargan muchas veces de hacer
pública su vida a través de las redes. Se exponen. O, lo que es más grave, se les expone.
Un caso extremo y dramático de esa exposición es el reciente asesinato del fiscal paraguayo contra el crimen organizado, Marcelo Pecci, que al parecer era cuidadosamente seguido por Instagram.
Como contrapartida, la vida privada, es usada muchas veces como paraguas, como un falso argumento para evitar investigaciones o informaciones de indudable interés público.
Hay muchos asuntos de interés público que implican a personajes públicos y a veces, sólo a veces, establecer la raya con claridad, es lo más difícil.
