CJPPU evalúa solicitar al Estado indemnización por aportes no reintegrados tras dictadura
El presidente de la Institución, Daniel Alza, dijo que descubrieron que durante los años de la dictadura, la Caja realizó transferencias a Rentas Generales que, hasta la fecha, no habrían sido devueltas
13.09.2024 | tiempo de lectura: 2 minutos
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) está considerando solicitar una indemnización al Estado uruguayo por aportes que nunca fueron reintegrados tras la dictadura cívico-militar (1973-1985). Según el presidente de la CJPPU, Daniel Alza, se ha descubierto que, durante los años de la dictadura, la Caja realizó transferencias a Rentas Generales que, hasta la fecha, no habrían sido devueltas.
Este hallazgo fue comunicado el 29 de agosto de 2024 en una sesión del Directorio de la Caja. Alza explicó que, conforme al Artículo 2 de la Ley 15.343, promulgada el 3 de noviembre de 1982, se dispuso que la CJPPU transfiriera mensualmente $4.500.000 a Rentas Generales. La obligación estuvo en vigor entre noviembre de 1982 y 1983, y fue reglamentada mediante el Decreto Nro. 395/982.
“Este hecho fue advertido por un afiliado y posteriormente investigado por el Instituto y el Dr. Álvaro Rodríguez Azcue, docente e investigador de la Udelar. Luego de constatarse, fue notificado al Directorio”, comentó Alza. La CJPPU está actualmente en proceso de verificar la cuantía total de los retiros y determinar si, en los años posteriores a la reinstauración de la democracia, el Estado devolvió los fondos transferidos. En caso de que no haya habido tal devolución, la caja solicitará un resarcimiento al Poder Ejecutivo.
El 12 de septiembre, se recibió un informe preliminar que detalla las fechas y montos en los que el Estado recibió los fondos de la CJPPU. Alza añadió que este asunto nunca había sido abordado por los directorios anteriores de la institución, y que ya se están realizando consultas jurídicas para determinar los próximos pasos.
El monto actualizado que la CJPPU estaría reclamando alcanza aproximadamente los 1.182 millones de pesos uruguayos. Este es un proceso en curso, por lo que se espera que en las próximas semanas se tomen decisiones sobre la presentación formal del reclamo al Estado.
