Caja de Jubilaciones Profesionales tiene reservas para llegar al 2025

Las autoridades de la CJPPU comparecieron el 28 de febrero pasado ante la Comisión Especial de Diputados

22.03.2023 | tiempo de lectura: 3 minutos

La Caja de Jubilaciones Profesionales (CJPPU), atraviesa por una situación crítica, anunció en el Parlamento que las reservas totales alcanzan para cubrir su déficit hasta el 2025. Las autoridades de la CJPPU comparecieron el 28 de febrero pasado ante la Comisión Especial de Diputados que estudia el proyecto de reforma de la seguridad social del Poder Ejecutivo.

En respuesta a una serie de consultas recibidas de varios legisladores, la CJPPU brindó detalles, por escrito, sobre la delicada situación financiera y también sobre el proyecto “express” alternativo, entre otros temas.

En su respuesta, la Caja reseñó que “el presupuesto (egreso operativo) se cubre principalmente con el ingreso operativo, provenientes mayoritariamente de los aportes directos e indirectos. Lo que se cubre con reservas (portafolio de inversiones) son el déficit operativo, es decir la diferencia entre los ingresos y los egresos”.

Tal como se manifestó en la comparecencia a la Comisión, desde fines del 2021 el Directorio se encuentra abocado al estudio de diversas medidas cuya implementación requería la promoción por parte de la Caja de diferentes cambios legales, sostienen sus autoridades.

Con este fin, solicitó a los servicios técnicos de la Institución la cuantificación de su impacto económico-financiero y actuarial a través de diferentes escenarios puestos a consideración, bajo un régimen similar al de la Ley vigente.

Recordó que el 9 de febrero de 2022 el Directorio resolvió “dejar sin efecto las excepciones previstas en los numerales 1 y 2 de la R/D 312/2016 del 22/06/2016, a partir del 1.4.2022” y “expresar la voluntad del Directorio de no renovar a su vencimiento los beneficios de incrementos adicionales de 2,5% y 3% por encima del mínimo del art.67 de la Constitución” (RD 132/22).

En la misma fecha también resolvió “autorizar a la Mesa de Directorio a iniciar conversaciones con el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social” a efectos de tratar una serie de medidas.

En mayo de 2022, el Poder Ejecutivo convocó a la Caja a integrarse a un grupo de trabajo conformado por autoridades de ésta, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con el propósito de estudiar y presentar a la brevedad posible medidas que se plasmarán en un anteproyecto de Ley, para que el Poder Ejecutivo, en uso de sus facultades, lo eleve al Poder Legislativo para su discusión y aprobación.

El 15 de setiembre de ese año, el Directorio resolvió enviar la última proyección realizada por los servicios técnicos de la Institución, al mencionado grupo de trabajo y solicitar al Poder Ejecutivo que facilite una asistencia financiera a la Institución a efectos de mejorar su flujo de fondos.

Las principales medidas consideradas con impacto financiero en el corto plazo refieren al aumento de la tasa de aportación de los afiliados activos a un 19% del sueldo ficto de la categoría que les corresponda, la creación de una contribución pecuniaria a cargo de los jubilados y pensionistas, y un aumento a determinados gravámenes establecidos en el Artículo N° 71 de la Ley 17.738.

Adicionalmente, se proponen entre otros cambios paramétricos, “elevar a 65 años la edad mínima requerida para configurar causal jubilatoria común, calcular el sueldo básico de jubilación en base al promedio mensual de los sueldos fictos correspondientes a los dieciocho últimos años de actividad y fijar la tasa de reemplazo en 45 % .
Como en todas las reformas previsionales, se establece una etapa de transición, donde a quienes cuenten con 57 años o más se le mantienen los derechos y el grupo entre 51 y 56 años, los cambios son graduales. ”.

Por otro lado, el 22 de diciembre de 2022, el Directorio culminó el tratamiento del articulado de la propuesta de anteproyecto de modificaciones a su ley orgánica referidos a los cambios antes enunciados -denominado Ley Express-, habiéndolo remitido al Poder Ejecutivo el 29 del mismo mes, en espera que se efectivice su aprobación durante el primer semestre del ejercicio 2023.

En otra pregunta, la Caja fue consultada si estaba dispuesta a “desistir” del proyecto de ley “express” en función de que está a estudio del Parlamento un proyecto de reforma global que no fue tenido en cuenta. La respuesta fue: “El Directorio no desiste de la propuesta de anteproyecto de ley express que remitió el 29/12/2022 al Poder Ejecutivo”.

Las autoridades de la Caja manifiestan “que una vez que el Poder Ejecutivo lo envíe al parlamento estamos abiertos por si surgen nuevas ideas o condiciones diferentes, pero que beneficien y fortalezcan el sistema, estudiarlo y, de ser positivo, adoptarlo”.

Por último, consultada sobre si están cuantificados los costos de la transición de la situación actual al próximo sistema previsional, la respuesta de la Caja fue que “no cuenta a la fecha con la adaptación del modelo que permite estimar los costos de transición, de volcar parte del aporte de los nuevos afiliados a la CJPPU a las cuentas de ahorro individual administradas por las AFAP”.

“Según lo contratado con CINVE la modelización se culminaría en el primer semestre de 2023. La misma permitiría estimar los efectos de la reforma planteada por el Poder Ejecutivo sobre el régimen administrado por la Caja, en términos de viabilidad financiero-actuarial”.