Directora de Nómade afirma que la LUC acrecentó la población carcelaria femenina
Florencia Roldán dijo que las mujeres quedan “comandando el negocio” mientras sus parejas están presas
01.10.2024 | tiempo de lectura: 2 minutos
En las últimas horas, se presentó el informe del proyecto Crisálidas, titulado «Mujeres en conflicto con la ley penal en Uruguay. Diagnóstico social e institucional», cofinanciado por la Unión Europea, la Universidad Claeh, y ejecutado por este centro de estudios y el Instituto de Cooperación Internacional y Desarrollo Municipal (Incidem), en colaboración con organizaciones de la sociedad civil.
En la presentación de los resultados estuvieron autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación y representantes de los partidos políticos.
La directora y coordinadora de Gestión Comercial de Nómade Consultora, Florencia Roldán, afirmó en rueda de prensa que ha crecido el número de mujeres condenadas por tráfico de drogas tras la vigencia de la Ley de Urgente Consideracón (LUC).
El artículo 74 de la LUC remite al artículo 36 la ley de estupefacientes y establece la pena de cuatro a quince años de prisión cuando, por ejemplo, el delito se comete en las inmediaciones o en el interior de un establecimiento de enseñanza o sanitario, de hospitales, cárceles, sedes de asociaciones deportivas, culturales o sociales o de un recinto o lugar donde se realicen espectáculos o reuniones de carácter público.
La directora de Nómade Consultora aseguró que con la vigencia de la LUC “la tasa de crecimiento en las mujeres privadas de libertad aumenta mucho más que las de los varones”. Señaló que “en 2021 según el Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario-, la tasa de crecimiento en las mujeres era de 28% y de 10% en los hombres y que en 2024 es de 18% para las mujeres y de 6% para los hombres”. Según Roldán, esto se explica “en gran medida” por la normativa vigente que “afecta mucho más a las mujeres en lo que refiere al tráfico de drogas”, lo que está relacionado el hecho de que el tráfico se da principalmente en las mujeres porque son las que se quedan “comandando” el negocio mientras sus parejas están presas y lo hacen dentro del hogar, lo que les permite “conciliar la vida familiar con la venta” de drogas.
Al igual que la primera fase de investigación, este segundo diagnóstico constató que las mujeres privadas de libertad en el sistema penitenciario pertenecen a los “estratos sociales menos favorecidos de la sociedad”.
Si bien la población es heterogénea, Roldán sostuvo que existen características comunes: 8 de cada 10 tienen entre 18 y 39 años de edad, una gran deserción escolar, maternidad temprana, muchas de ellas tienen entre 3 y 4 hijos, violencia intrafamiliar y delito de tráfico de drogas.
Al ingresar el 12% tiene problemas de salud mental, mientras que con la permanencia en la cárcel el porcentaje asciende al 40%.
La directora de Nómade destacó la “fuerte presencia de organizaciones religiosas en el sistema penitenciario” que brindan “un espacio para poder hablar, que es lo que ellas demandan y necesitan”. 1 a 23 mujeres viviendo en cada celda. 1 baño cada 80 reclusas. Eso tensiona las relaciones en el sistema, indicó.
