Giometti: «crear un pilar de ahorro colectivo»; Saldain: «el plebiscito no lo permite»

Debate en Canal 5 sobre plebiscito de la seguridad social

24.10.2024 | tiempo de lectura: 8 minutos

Este miércoles se llevó a cabo un debate en La Entrevista de Canal 5 entre el principal redactor de la ley vigente de seguridad social y el economista Bruno Giometti, del Partido Comunista, sector del Frente Amplio que, junto al Partido Socialista, apoyan el plebiscito que impulsa el Pit-Cnt para introducir cambios en la Constitución de la República.

El debate se centró en tres puntos de la reforma que busca la central sindical: eliminar el lucro, es decir las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (Afap), atar las jubilaciones y pensiones mínimas al salario mínimo nacional, y llevar la edad jubilatoria a los 60 años.

En resumen, Giometti, en referencia a las Afap, dijo que el plebiscito propone un “pilar de ahorro colectivo” y “no individual”, afirmó que se aumentó la edad de retiro “al barrer”, que el movimiento sindical hubiera estado de acuerdo en aumentarla si algunos sectores de gran capital aportaran “un poco más”, que no hay soluciones para quienes se quedan sin trabajo “a los 60 o 61 años de edad”, que el “capital privado tiene derecho a invertir”, pero que la seguridad social “tiene que quedar reservada para el sector público”, y que se debe ir a un “régimen de ahorro colectivo gestionado por el Estado”, y se refirió a un “incumplimiento de promesa electoral”

Saldain, concluyó que “el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”, que la iniciativa del Pit-Cnt “puede tener buenas intenciones”, pero que “no nos lleva a ningún final feliz, sino todo lo contrario”, que es una “reforma totalmente improvisada”, sin un número de “cómo se va a financiar”, manifestando que “la vida dirá es la filosofía que está detrás de la iniciativa”, que la misma va en contra de la seguridad jurídica de Uruguay y del “respeto” a la propiedad privada y a las “garantías” a los inversores, dando un “golpe a la credibilidad y al prestigio del país”, que “no es cierto que no se haya contemplado la situación de las personas que pueden perder el empleo faltándole algo para la edad jubilatoria”, ya que “es posible tener una cobertura que sea vitalicia desde los 62 años, en todos los casos”, aún para “quienes tengan que jubilarse con 65 años”, que, además la papeleta en este punto deja sin efecto dos reformas jubilatorias hechas recientemente y votadas por todos (la de Caja Bancaria y la de Caja Notarial), que “pasan a foja cero”, que el plebiscito genera “inseguridad jurídica”, porque aquellas personas que por la ley de cincuentones decidieron mantenerse afiliados en Afap, “ahora se les desafilia igual”, transformando “en papel mojado lo que fue un derecho”.

 

Eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional

 

Bruno Giometti afirmó que “se hizo en muchos países, no solo en Argentina”, mencionando un documento de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), del cual emerge que en “30 países de América Latina y Europa Oriental que instalaron sistemas tipo (mixtos), hay 18 de ellos que los revirtieron de distinta forma”

Fundamentó que el sistema de las Afap “ha sido un buen negocio para los dueños” de las mismas, “principalmente para el capital financiero”, y “un mal negocio o muy por debajo de las expectativas que se generaron en 1996 para los trabajadores”. Aseguró que “si se tuvieran que reliquidar las 70000 rentas vitalicias que hoy cobran los jubilados por Afap por el sistema BPS (Banco de Previsión Social) puro, costaría 216 millones de dólares”, y que “la papeleta no dice que haya que hacer esa reliquidación”, pero que ese dato “sirve” para “saber que los trabajadores que se jubilaron por Afap perdieron esa cifra que equivale en promedio a 10000 pesos por cabeza por mes”.

Rodolfo Saldain refutó esto, y sostuvo que hay “un subsidio muy importante, mientras que en las Afap es solo la mitad del aporte de la persona para la mayoría de estos casos”. Agregó que los más perjudicados “son los que siguieron el consejo del Pit-Cnt “porque son personas que no hicieron un ahorro temprano”. Agregó que “en el mundo, en general los países que envejecen no llevan la trayectoria que hizo Argentina ni los países de Europa del Este”, sino que sucede lo contrario. Explicó que “en todos esos países hay sistemas mixtos de muy larga duración, mucho más potentes”. incluso que el nuestro. Dijo que Uruguay tiene un 70% de su población activa afiliada a una Afap y que entre los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) hay 19 que tienen más de un 50% de su Producto Interno Bruto en ahorro jubilatorio. “Decididamente el camino no es el argentino”, sentenció.

Giometti se refirió a una publicación en el sitio web de Presidencia de la República: “¿Por qué sigue habiendo una noticia en la página web de Presidencia de la República que dice que las jubilaciones van a aumentar entre 18 y 20% en todos los escenarios, cuando en realidad los estudios marcan que las jubilaciones caen porque justamente es la manera que tiene el Estado de achicar el gasto jubilatorio?”. Saldain le explicó que la respuesta es que esos cálculos “no son correctos” como sí lo son los hechos por el BPS “que toman la información real sin ninguna simulación detrás”, y que lo que implica es “que las personas de menor ingreso, particularmente como efecto de suplemento solidario van a tener un ingreso mayor, y bastante mayor que el que se tenían antes”. Acotó que “para la mayoría” significa un aumento

Saldain se refirió a la propuesta del jefe de campaña del presidenciable Yamandú Orsi, el senador Alejandro Sáchez, de nacionalizar las Afap. También consultó de qué se trata ese “pilar de ahorro colectivo”, lo que había sido definido por Giometti como llevar los fondos que hoy están en las Afap al BPS”, que las inversiones, “que se rentabilizan”, van “para el conjunto” y que “esos fondos se podrían reinvertir”. Aseguró que la papeleta “no lo impide”.

El principal redactor de la ley vigente respondió que “la papeleta dice que no”, que “una vez vencidas las inversiones que van para el fideicomiso, desaparece” y preguntó por qué no se va por el camino del ahorro individual, a lo que Giometti respondió que “es más solidario”.

Para Saldain el Pit-Cnt hace un “desahorro total, rompe la chanchita y la reparte” y “después se verá”

 

Edad de retiro

 

El plebiscito plantea: “Las personas tendrán derecho al acceso a la causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 años de servicios, continuos o interrumpidos sin perjuicio de las bonificaciones y sistemas de cómputos especiales que establezcan las normas, y que resulten más beneficiosos para el trabajador”.

Para Giometti, “si la productividad del trabajo aumenta muchísimo como ha aumentado en las últimas décadas, podríamos generar la riqueza necesaria para jubilarnos antes”. Agregó que “la esperanza de vida aumenta, pero de manera despareja, con una diferencia aproximada de 10 años”. Afirmó que se aumentó la edad de retiro “al barrer”.

Saldain sostuvo que el “problema central que tenía el sistema” y que “fue reconocido por el Pit-Cnt” cuando compareció en el Parlamento, era “la necesidad de recomponer el equilibrio financiero del sistema. Recordó que hubo un diagnóstico “compartido” que el Pit-Cnt “se olvidó”, y que “lo que era un problema, lo duplica o más”

“Aumentar la carga sobre el empleo, ya sea empleadores o trabajadores, no es conveniente. El problema central está en la trayectoria del nivel de gasto que tiene el sistema producto del envejecimiento”, dijo.

Saldain rechazó que se la ley vigente haya subido “al barrer” la edad jubilatoria. Dijo: “Es una linda consigna, pero no es verdad”. Explicó que la edad se sube muy pausadamente, que los nacidos hasta el año 72 no tienen cambios, y que recién la generación del 77 sería la primera en jubilarse con 65 años, “si es que no tiene alguna de las múltiples excepciones que hay”, citando a la industria de la construcción que se mantiene en 60 años de edad y los trabajadores rurales, y agregando que “se prevé un mecanismo para incorporar otros sectores”. También señaló que “hay normas que se mantienen como la bonificación de servicios”.

“Existen dos beneficios prejubilatorios para el sector privado que contemplan la pérdida de empleo próximo a la jubilación desde 3 años antes”, recordó.

 

Jubilaciones y pensiones igualadas al salario mínimo nacional

 

El artículo 6 de la reforma que impulsan la central sindical, el Partido Comunista y el Partido Socialista, ata las pasividades al salario mínimo nacional, estableciendo que no podrán ser menores al mismo.

Saldain expreso que éste es uno de los contenidos de la papeleta más “atractivos”, porque “fácilmente uno puede pensar que hay razones para que haya un nivel de ingreso mínimo de las personas del orden del que se plantea”. Explicó, que, sin embargo, “tal como está redactada la papeleta, se transforma en un problema, más que en una solución, porque “está planteado a nivel de cada beneficio individualmente”. Puso el ejemplo de un jubilado que gana tres jubilaciones, dos relativamente grandes, a quien le tocaría un aumento del orden de los 16000 pesos aproximadamente; sin embargo, a una persona que cobre 22300 pesos le va tocar cero, porque no está hecho a nivel de los ingresos de la persona, como eje, sino a partir de cada beneficio individualmente”. Dijo que “solo en BPS hay 13000 personas que cobran más de una jubilación o pensión”, y que el nivel de gasto que implica esta iniciativa “supera todo lo razonable”. Consideró que se trata de una situación “bastante injusta que se genera en la forma en que se aplicaría esta iniciativa, que en principio podría ser razonable”, pero que “tal como está escrita, claramente no lo es”. Por este motivo, dijo Saldain, y porque fue advertido, ahora “están planteando una ley interpretativa”.

Giometti señaló que “en materia del costo, el aumento que se propone no es por prestación sino por persona”, y que “puede haber dos bibliotecas”. Para “subsanar” cualquier problema de interpretación, dijo que se iría por una ley interpretativa. Aseguró que hay abogados que señalan que esto es posible, pero que no quizás tantos como los que afirman lo contrario.

Para Giometti, la política de gobierno en materia de jubilaciones mínimas, es parte del “modelo de la desigualdad”, y agregó que “estamos en un quinquenio en que creció el PBI y creció la pobreza”, pero “solo el 5% de los hogares que en 2019 ya era más rico, está mejor que en 2019”, mientras que el “95% restante” está por en materia de jubilaciones mínimas. Propone “retomar” el proceso de las jubilaciones en gobiernos del Frente Amplio, en los que, dijo, “la jubilación mínima aumentó de manera significativa”. Sostuvo que no es un aumento “extravagante ni exagerado”.

Saldain recordó que actualmente tenemos la máxima masa salarial y el máximo nivel de cotizantes en el BPS que ha habido en toda la historia moderna de la seguridad social, y que eso está implicando una recuperación marcada a nivel salarial. Añadió que el nivel de pobreza en las personas mayores en el primer semestre de este año es de 1,67%, “la más baja desde la vuelta de la democracia, lo cual indica claramente que hay formas que no tienen porqué estar en la constitución, y que le dan una rigidez enorme”.

“El mismo aumento que indicaba Bruno se da en aumentos por decreto. Por otro lado, el costo que esta medida estaría implicando prácticamente la hace totalmente infinanciable sin una suba de impuestos significativa más temprano que tarde”.

Hubo diferencias entre ambos en cuanto al costo estimado. Saldain afirmó que está encima de los 1000 millones de dólares en el primer año y que luego irá subiendo hasta el entorno de los 1500 millones de dólares por este concepto, coincidiendo con empresas privadas que también lo alertaron. A esto, expresó, “habría que agregar la incidencia en la Caja Militar y la Caja Policial y en menor medida las cajas paraestatales”. Los cálculos de Giometti son 460 millones calculado a 2023, si el criterio es por persona, y a 2024 “sería menos porque el salario mínimo y la jubilación mínima achicaron la brecha en 2024”, por lo que, aseguró, “estaría en el entorno de los 380 millones de dólares.

Respecto a la ley intepretativa, Saldaín dijo que cuando el texto es “claro”, no hay interpretaciones y que “sería corregir un error que claramente hay, un error en la forma en que se redactó la papeleta con otro error”. Expresó que “la forma en que esto debe contemplarse es tomando la totalidad del ingreso de las personas que eso es lo que determina si una persona está o no en situación de pobreza”, y que “ese es el instrumento que se diseñó en la ley 20130 con el suplemento solidario que es “mucho más eficiente” y que ya viene aplicándose “en el caso de los jubilados por incapacidad física y de las pensiones de sobrevivencia de más de 65 años”, dando “en todos los casos más que la jubilación mínima actual y por arriba en promedio del salario mínimo nacional nominal”. Advirtió que habría una enorme cantidad de juicios de inconstitucionalidad” contra el Estado, porque la papeleta es clara.