Gobierno responde a informe de ONU por gestión del agua ante «inexactitudes» expresadas
Cancillería aclara que nunca recomendó reducir el consumo humano de agua, sino su disminución en actividades no esenciales
14.07.2023 | tiempo de lectura: 3 minutos
El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en respuesta a lo que consideran son «inexactitudes» de las declaraciones del relator especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento y la gestión hídrica de Uruguay.
El Gobierno indicó que, hasta la fecha, «los valores establecidos en la excepcionalidad no se consideran alarmantes ya que el incremento autorizado con el fin de asegurar el abastecimiento ha sido evaluado por las autoridades sanitarias y académicas».
Además, sostienen que «se ha considerado que es posible que la gran mayoría de la población general, a excepción de algunos grupos especiales con mayor vulnerabilidad en el consumo excesivo de sal, pueden seguir consumiendo la misma».
Respecto al respaldo de las personas en situación de vulnerabilidad, recuerdan que los beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social reciben el apoyo económico para la compra de 60 litros de agua por mes, equivalente a 1 de cada 3 habitantes de la zona afectada (2 litros de agua por día por persona).
La medida comprende a los hogares de Montevideo y Canelones en situación de vulnerabilidad con menores que perciben Asignaciones Familiares – Plan de Equidad; a los beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social de Montevideo y Canelones; a las personas mayores que residan en Montevideo y Canelones y reciben asistencia o pensión a la vejez; y a jubilados y pensionistas que perciben jubilaciones mínimas.
Estos grupos, sumados a las embarazadas y menores de 2 años que reciben el beneficio desde el 19 de mayo, el Gobierno señala cubre ante esta emergencia hídrica a más de 540.000 uruguayos con acceso a agua embotellada para asegurar las necesidades diarias.
Por otra parte, indican que, «para prevenir el fallo de la infraestructura hídrica y preservar la Salud Pública, OSE y el Gobierno erigieron una estrategia».
La misma consiste en, por un lado, mantener la continuidad del abastecimiento público sin la realización de cortes de suministro, evitando la contaminación biológica de las redes de distribución, conexiones y reservas, protegiendo a la población contra los riesgos biológicos (bacteriológicos, virológicos, hidrobiológicos y parasitarios).
Según indica el Gobierno, «de acuerdo a lo recomendado por la propia Organización Mundial de la Salud, deben ser de control prioritario frente a otro tipos de riesgos como los riesgos químicos, que por lo general son crónicos, y no agudos y generalizados como los riesgos biológicos».
«La continuidad del servicio de las redes de distribución y la presión interna es lo que garantiza la protección contra los riesgos biológicos», agregan.
Por otra parte, la estrategia «apunta mantener el servicio de saneamiento para que las más de 550.000 viviendas de la Región Metropolitana puedan evacuar las aguas residuales domésticas, lo que evita el surgimiento de un escenario de enorme peligro sanitario y la propagación de enfermedades, y principalmente protegiendo la Salud de la población y la Sanidad Pública en general».
Además, se mantienen «las redes de distribución operativas en forma continua para el combate y la protección contra incendios y siniestros urbanos».
Acciones
Cancillería aclara que nunca se recomendó reducir el consumo humano de agua, «sino su disminución en actividades no esenciales con el propósito de asegurar una mejor calidad de agua por un tiempo más prolongado».
«El Gobierno actuó en forma preventiva, el agua sigue siendo bebible, y garantizó a los sectores más vulnerables la compra del doble del promedio diario que se consume de agua por persona en nuestro país», indica el comunicado.
«Todas las decisiones sobre la calidad del agua librada al servicio público se han tomado con la previa y preceptiva aprobación del Ministerio de Salud Pública, que ha consultado a la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, a la Academia de Medicina, a las Facultades de Medicina y Química de la Udelar y a especialistas», sostienen.
«Se han fortalecido las acciones de vigilancia para monitorizar posibles impactos en la salud y a la fecha no se han detectado ni reportado eventos de salud directamente relacionados al cambio en la salinidad del agua», concluyen.
Informe de ONU
Relatores de la ONU en derechos humanos dijeron este jueves que es preocupante la discriminación que puede surgir de la recomendación de las autoridades de Uruguay para que las personas vulnerables compren agua embotellada por el fuerte aumento de la salinidad de la que llega a los hogares.
Los expertos sostienen que la recomendación de consumir agua embotellada «crea un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano, obligando a la población a comprar agua».
Recordaron que hay muchas personas que no pueden permitirse comprar agua y que también están las personas discapacitadas o de movilidad reducida que no pueden transportarla.
«El agua para el consumo humano representa apenas el 5 % del suministro total de agua potable. Por lo tanto, no priorizar su uso es inaceptable», argumentaron los expertos.
Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS.
