Junta de Montevideo aprobó decreto que prohíbe elementos punzantes en fachadas
El presidente de la Cámara de Comercio y Servicios se mostró contrario a la normativa
28.03.2025 | tiempo de lectura: 3 minutos
La Junta Departamental de Montevideo aprobó este jueves un decreto que prohíbe la instalación de elementos arquitectónicos punzantes o cortantes que representen un riesgo para la integridad física de los transeúntes. La normativa, enmarcada en lo que se ha denominado “arquitectura agresiva”, fue votada por 19 ediles —18 del Frente Amplio y uno del Partido Nacional— sobre un total de 26 presentes.
El edil del Frente Amplio, Claudio Visillac explicó que el decreto apunta a generar condiciones normativas que permitan a la Intendencia de Montevideo pasar de una etapa de exhortación a una de obligatoriedad respecto al retiro o adecuación de este tipo de elementos. Según indicó, en el Municipio B hay más de 400 inmuebles registrados con este tipo de instalaciones, de acuerdo a datos proporcionados por la alcaldesa Silvana Pissano.
La nueva normativa establece que, una vez intimado el propietario, habrá un plazo de 60 días para retirar o modificar los elementos que puedan representar un peligro. Superado ese plazo, se aplicarán sanciones que comienzan en 20 unidades reajustables, con un incremento de dos unidades por cada día de incumplimiento.
Visillac señaló que en la fiscalización se tendrá en cuenta la altura de los elementos para determinar si efectivamente constituyen un riesgo. “Lo que estamos buscando aquí es prevenir una situación. Si hay una altura que tiene que ver con la colocación de vidrios o infraestructura para proteger un muro, claramente eso no va a estar considerado”, explicó.
Además, el decreto prevé excepciones para monumentos históricos nacionales o inmuebles con protección patrimonial departamental.
El edil destacó que se impulsará una campaña de información y concientización para que la ciudadanía conozca la reglamentación y las posibles alternativas. Entre las opciones mencionadas, se encuentran el uso de macetones o rejas como sustitutos de los elementos punzantes.
Visillac también hizo referencia a un caso ocurrido en noviembre del año pasado, en el que un vecino tropezó y cayó sobre uno de estos dispositivos, hecho que derivó en su fallecimiento. Según indicó, este tipo de situaciones motivó el tratamiento del decreto.
“Hay derechos que están en conflicto: el de la seguridad, el de defender una propiedad privada, pero también queremos evitar situaciones lamentables”, afirmó.
Desde el sector empresarial, la Cámara de Comercio y Servicios manifestó su preocupación por la decisión. Su presidente, Julio Lestido, señaló que muchos comerciantes instalan este tipo de elementos como respuesta a la falta de soluciones frente al aumento de personas en situación de calle. “La gente está tomando medidas para proteger su entorno frente a una situación compleja y triste que no es de fácil resolución”, dijo.
Lestido explicó que la Cámara ha realizado reuniones con diversos organismos estatales para abordar el tema y subrayó la necesidad de una mejor articulación entre todos los actores involucrados. También cuestionó el uso del término “arquitectura hostil” y destacó que existen profesionales en Uruguay capacitados en arquitectura aplicada a la seguridad. “Diseñar espacios de forma adecuada puede ayudar a tener lugares más seguros”, sostuvo.
Por su parte, el edil del Partido Nacional, Javier Barrios Bove se manifestó en contra del decreto aprobado. Indicó que la principal dificultad para la movilidad de los montevideanos son las veredas en mal estado. “La principal arquitectura hostil en Montevideo es la vereda rota, no estos elementos”, afirmó. Consideró además que el monto de las multas es excesivo y que el plazo de 60 días para adecuarse resulta insuficiente.
“El común de los vecinos no está pensando en sacar un pincho, sino en colocar una reja por temas de seguridad”, expresó Bove, quien calificó el hecho que motivó la discusión como una tragedia aislada. “Entiendo que con una muerte basta para modificar una reglamentación, pero hay un problema de fondo que no se está atendiendo”, agregó.
Finalmente, Bove cuestionó que el Municipio B haya comenzado a fiscalizar este tipo de elementos antes de que existiera una norma habilitante y propuso que los plazos para adaptarse a la normativa deberían extenderse hasta un año.
