La Fiscalía española se opone a entregar a Uruguay a presunto torturador
Considera prescritos estos hechos conforme a la legislación española
28.11.2021 | tiempo de lectura: 2 minutos
La Audiencia Nacional española celebrará este lunes la vista de extradición del uruguayo Fleming Julio Gallo Sconamiglio, exmilitante del Partido Comunista de Uruguay reclamado por delitos de lesa humanidad y torturas a varias personas en el periodo de la dictadura cívico-militar (1973-1985), a cuya entrega se opone la Fiscalía.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera prescritos estos hechos conforme a la legislación española, al observar que el delito de lesa humanidad entró en vigor en España en 2004 mientras que los hechos por los que se reclama a Gallo, detenido el 24 de septiembre pasado en la localidad española de Fraga (norte), se prolongaron hasta 1979, por lo que entiende que es de aplicación el principio de irretroactividad penal.
Si bien los delitos de lesa humanidad son de «naturaleza imprescriptible», esa prescripción no afectaría a la legislación uruguaya pero sí «al Derecho penal español», al no estar tipificado ese delito hasta 2004, según un informe del Ministerio Público.
Por tanto, dado que los hechos se sucedieron en agosto de 1979, hasta que las víctimas quedaron liberadas el 17 de ese mes, habrían prescrito conforme a la legislación española el 17 de agosto de 1999.
«En ausencia de acreditación de la causa de interrupción», para lo que sería preciso, apunta, «conocer las particularidades del proceso seguido en Uruguay y la fecha a partir de la cual el procedimiento quedó paralizado ante la salida del reclamado del país o por cualquier otra causa», «el lapso de tiempo indica que los hechos habrían prescrito» al haber transcurrido cerca de 42 años.
Según la reclamación, a Gallo se le atribuye haber participado en la detención ilegal y las torturas a distintas personas en dependencias de los Fusileros Navales (FUSNA), dependientes de la Armada Nacional de Uruguay.
El escrito relata que el 7 de agosto de 1979 «personas vestidas de civil pero fuertemente armadas» detuvieron en su domicilio a G.V. (Graciela Villar, exmilitante de la Unión de la Juventud Comunista de Uruguay y actualmente Frente Amplio), y su esposo, W.D.G.C., «trasladándoles encapuchados y maniatados al FUSNA».
«En ese lugar fueron sometidos a torturas y abuso sexual en el caso de G.V., habiendo declarado la víctima que primero fue violada, luego picana eléctrica (descargas eléctricas) y después submarino (estar en agua durante uno o dos días), calcula que eran cuatro personas, entre ellos el reclamado, que no participó en la violación, pero sí aplicó picana», refiere la nota verbal de la Embajada de Uruguay.
G.V. y W.D.G.C. fueron liberados el 17 de agosto tras haber pasado un año antes un mes detenidos también en dependencias del FUSNA.
También el 7 de agosto fue detenida por personal que se identificó como integrantes de las «Fuerzas Conjuntas» S.R.T.P. junto a su cónyuge L.E.L.A. cuando se encontraban en su domicilio, continúa la reclamación.
En el mismo operativo fue detenida B.P.S., madre de S.R.T.P., y los tres fueron trasladados al FUSNA, donde sufrieron malos tratos. S.R.T.P. manifestó que el que le interrogaba era el reclamado, pero no le torturaba.
«El reclamado se encontraría en curso en reiterados delitos de privación de libertad en concurrencia con reiterados delitos de abuso de autoridad contra los detenidos, sin perjuicio de que se le pueda a su vez imputar la violación denunciada por G.V.», termina la reclamación.
EFE
