Nueva negativa para Minerva en la compra de frigoríficos de Marfrig
Ahora, la decisión queda en manos del Poder Ejecutivo, que dispone de 50 días
30.10.2024 | tiempo de lectura: 2 minutos
La Comisión de Defensa de la Competencia reiteró su rechazo a la compra de plantas frigoríficas de Marfrig por parte de Minerva Foods en Uruguay, decisión que ahora solo podría ser revertida por el Poder Ejecutivo, según informa este miércoles el diario El Observador. Este organismo, dependiente del Ministerio de Economía, volvió a objetar la adquisición de los frigoríficos Inaler, La Caballada y Colonia, argumentando que tal operación afectaría de forma significativa la competitividad en el sector.
La decisión inicial, desfavorable a la expansión de Minerva, ya se había emitido el pasado 20 de mayo y fue ratificada el 25 de octubre, tras un proceso de apelación impulsado por las partes involucradas. En caso de concretarse la transacción, Minerva consolidaría una posición dominante en el mercado de compraventa de ganado en Uruguay, acumulando una participación del 43,5% y limitando la capacidad de Marfrig para competir. La operación, además, profundizaría la concentración en un mercado que ya presenta barreras de entrada para nuevos actores, según la comisión.
La compra de los frigoríficos de Marfrig dejaría a la empresa con una sola planta operativa en el país, el Frigorífico Tacuarembó, en contraste con las cuatro plantas que Minerva controla actualmente: Carrasco, Canelones, PUL y Breeders & Packers (BPU). La Comisión de Defensa de la Competencia alertó que este escenario generaría un mercado excesivamente concentrado, donde Minerva alcanzaría una influencia significativa sobre el mercado de faena, reduciendo la pluralidad de competidores.
Como punto adicional, un informe de la comisión destacó la relación entre las empresas involucradas y la Compañía Saudí de Inversión Agrícola y Ganadera (Salic), que posee participaciones en Minerva y en BRF, grupo en el que Marfrig también es accionista mayoritario. Este vínculo accionario fue señalado como un factor que podría facilitar la comunicación y reducir la competencia entre ambas firmas.
Ahora, la decisión queda en manos del Poder Ejecutivo, que dispone de 50 días para evaluar si mantiene el rechazo de la comisión o, en cambio, aprueba la transacción. La resolución final, que se espera para diciembre, podría determinar el futuro del equilibrio competitivo en el sector cárnico uruguayo.
