Secretaría de Inteligencia y relaciones laborales: temas del debate entre Goñi y Olivera

Debate por la LUC

11.10.2021 | tiempo de lectura: 3 minutos

La diputada Ana Olivera (FA) y el diputado Rodrigo Goñi (PN) debatieron sobre la Secretaría de Inteligencia y sobre las relaciones laborales con la ley de urgente consideración (LUC).

Para Olivera, la LUC cambia el rol de la Secretaría de Inteligencia, que pasa de ser un organismo coordinador a tener un director al frente. «Otro artículo que se impugna es el de las modificaciones de las categorías, de quién las define y cómo se puede acceder. En la ley anterior existía información reservada y de acceso restringido, y para acceder se podía hacer a través de la justicia y estaba eximido todo lo que tenía que ver con la información de violación a los derechos humanos. En la nueva ley no solo está reservado, sino que se crea la categoría secreta.¿Quién declara que algo es secreto? Lo declara el director de la secretaría de inteligencia”, dijo y agregó: “Para que algo que es secreto deje de serlo, lo tiene que levantar el presidente de la República en Consejo de Ministros».

Goñi, por su parte, explicó por qué se hicieron esos cambios: “La LUC tiene un contexto. Uno de los cambios acelerados lo evidencia el agravamiento de las amenazas del terrorismo internacional, el narcotráfico y el crimen organizado, no ya en sus formas tradicionales, sino ya con medios más sofisticados, que tienen que ver con la nueva tecnología. Y hacia ahí apuntan estas modificaciones de una ley de Inteligencia que sigue vigente. Las dos modificaciones que plantea la LUC son para mejorar este sistema, que es pasar de una coordinación a una dirección técnica, dice técnica no política». «No hay ningún cangrejo bajo la piedra», enfatizó.

Sobre los cambios en las relaciones laborales, Goñi consideró que el ejercicio del derecho de huelga no se limitó, salvo cuando se quiere utilizar la violencia, lo que lo transforma en delito. Para Olivera, hay una criminalización de la protesta. La consideración de la ocupación como una forma de huelga no pacífica, lo cuestionamos porque no podemos legislar sobre algunos casos específicos, expresó.

Para Goñi, basta ver UPM u otras medidas sindicales para ver que el derecho a huelga no se limitó, exceptuando los casos en que hay violencia. Lo que se hace es proteger a los trabajadores que quieren entrar a trabajar y los trabajadores que quieren seguir con las medidas sindicales pueden hacerlo, enfatizó.

La ocupación siempre se vio como parte del derecho a huelga. (…) Yo creo que estamos limitando el derecho a huelga en el marco de una autorregulación que nuestro movimiento sindical maduro, como reconoció el propio ministro en el debate parlamentario, respondió por su parte Olivera.

Goñi retrucó: «Este es el artículo, me parece a mí, por el cual el Pit-Cnt promueve este referéndum, porque este artículo es un privilegio de abuso de los derechos sindicales y de impunidad, porque era la naturalización de la acción violenta que tanto mal le hizo al propio movimiento sindical».

«Otra desigualdad se ve en otro artículo que estamos impugnando, que es la ley de inclusión financiera. Nosotros consideramos que el hecho de que el trabajador tenga que negociar con su empleados de qué forma quiere cobrar (en efectivo a través de la tarjeta) se hace en condiciones de desigualdad. Además, esta ley de inclusión financiera ayudó a regularizar el 40% que había de informalidad llegando, por esta ley, al 24%, agregó Olivera.

«Esta ley no nace del laboratorio, nace de la gente, que en las encuestas decía que era intolerable la inseguridad ciudadana. La educación otro desastre que venía en declive, tercero una enorme cantidad de libertades que la ciudadanía estaba reclamando, inclusión financiera, por ejemplo. Esta ley en todas sus orientaciones responde a un reclamo popular, no lo inventamos nosotros», fundamentó Goñi.

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