Sutel pide suspender la portabilidad numérica hasta el referéndum contra la LUC
El sindicato de trabajadores de Antel advierte sobre juicios millonarios al Estado, si se derogan los artículos
02.08.2021 | tiempo de lectura: 2 minutos
A través de un comunicado los trabajadores del Antel nucleados en Sutel expresaron preocupación por el avance de la portabilidad numérica, que habilita a los usuarios de telefonía móvil a mantener el número si cambian de prestador de servicio.
Sutel pretende que se suspenda el proceso hasta después del referéndum contra la LUC. Sostiene que de aprobarse la derogación de los 135 artículos impugnados, entre ellos los que refieren a la portabilidad numérica, las empresas que participaron del llamado (todavía en proceso) para la contratación del Administrador de la base de datos, podrían iniciar juicios millonarios contra el Estado.
Los artículos de la LUC sobre la portabilidad numérica son el 471, el 472 y el 473.
El primero declara que la «portabilidad numérica» es un derecho de los usuarios de los servicios de telefonía móvil. El 472 obliga a que los operadores de servicios de telefonía móvil presten el servicio y el 473 crea un Comité de implementación.
El sindicato, como parte de la coordinadora pro referéndum, entiende que la portabilidad numérica atenta contra Antel (que hoy tiene la mayoría de los servicios), al dar ventaja a multinacionales que pueden ofrecer mejores condiciones contractuales a los usuarios.
Su implementación «solo logrará elevar en forma desmedida los gastos de los operadores, recogiendo nulos beneficios para sus usuarios” y afectará a la empresa uruguaya, que “deberá realizar importantes gastos para competir en forma equitativa», argumentan.
Por otra parte, el sindicato expresó preocupación porque la Ursec todavía no se expidió sobre la segunda etapa del proceso de selección del Administrador de base de datos.
Se trata de la apertura del sobre con las propuestas económicas de las empresas preseleccionadas, prevista para el 7 de julio.
Dicha apertura había sido inicialmente fijada para el 13 de mayo, pero se postergó ante consideraciones formuladas por los oferentes, referidas a los informes realizados por el Comité de implementación.
