Actores del sistema judicial juntan firmas contra el cierre de juzgados de paz

La presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Graciela Gatti, dijo que es buen momento para redefinir la competencia de estos juzgados y su presencia territorial

20.10.2021 | tiempo de lectura: 2 minutos

El cierre de 20 juzgados de paz había sido anunciado en agosto por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), ante la necesidad de reducir costos operativos.

Esa cifra fue revisada pocos días después, limitándose la medida de cierre a los juzgados de paz de Nueva Helvecia, Castillos, Sauce, y Villa Rodríguez.

Finalmente, la decisión quedó en suspenso. Sin embargo, desde la SCJ se advirtió que la medida se suspenderá definitivamente solo si se obtienen los fondos necesarios para solventar estas sedes judiciales.

Los 12 millones necesarios para cubrir este costo no fueron incluidos en la Rendición de Cuentas, por tanto es factible que la medida se lleve a cabo.

Ante esta realidad, la Intergremial Judicial, integrada por el gremio de jueces, funcionarios y defensores de oficio, entre otros actores del sector, puso en marcha una campaña de recolección de firmas para evitar el cierre de estos juzgados.

La iniciativa se hace en base a la consigna “Justicia, un derecho. No un servicio”, impulsada en primera instancia por la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay.

La presidente de la Asociación de Magistrados del Uruguay, Graciela Gatti, dijo en Informativo Uruguay que la exigua cifra demandada (12 millones pesos) para mantener los cuatro juzgados de paz «no debería ser suficiente motivo para cerrar sedes judiciales».

«No se trata de negarnos a que se cierre cualquier sede judicial, sino que esto deba hacerse por cuestiones de presupuesto, y menos por una cifra menor», sostuvo.

Deberíamos dar la discusión y así lo planteamos con la intergremial, sobre el rol de los juzgados de paz, redefinir competencias y valorar la presencia del Poder Judicial en el territorio», añadió, afirmando que «garantizar el acceso a la justicia es una cuestión que atañe a los tres poderes del Estado».

La intergremial solicitará ser recibida por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, la vicepresidenta, Beatriz Argimón, y las autoridades de la Suprema Corte de Justicia.

A todo esto, Gatti consideró que la decisión de que las intendencias y municipios se encarguen de los cometidos de los juzgados de paz referidos a matrimonios, uniones concubinarias, nacimientos y defunciones, contenida en el Presupuesto, no se debe vincular con la realidad por la que atraviesan los juzgados de paz del interior.

«Son cometidos de registro civil, que hasta ahora cumplen los juzgados de paz, pero no deben ser el motivo para que se mantengan; hay muchas otras actividades que cumplen (los juzgados de paz) que son las que se deben tener en cuenta para revisar las decisiones de cierre», concluyó.

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Foto: Javier Calvelo – Adhoc.