El Senado vota la venia para designar a Ana María Ferraris como presidenta de la Jutep
Desde el oficialismo se afirmó que la designación forma parte de una estrategia para mejorar las potestades fiscalizadoras del organismo
01.04.2025 | tiempo de lectura: 2 minutos
El Senado discute este martes la venia para designar a Ana María Ferraris como nueva presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Desde el oficialismo se afirmó que la designación forma parte de una estrategia para mejorar las potestades fiscalizadoras del organismo.
El senador del Frente Amplio Eduardo Brenta valoró la figura de Ferraris y destacó que “la Jutep para nosotros es un organismo extremadamente importante que no ha cumplido lamentablemente en el periodo de gobierno anterior las funciones que le corresponden, que es el contralor de todo lo que tiene que ver con las declaraciones juradas y todo lo que es la lucha contra la corrupción”.
Brenta señaló que durante el gobierno anterior se destinaron algunos recursos al organismo, pero que fueron insuficientes. “Hay un atraso muy importante en lo que tiene que ver con la revisión de las declaraciones juradas de todos los que están obligados. Esto hay que ponerlo al día”, sostuvo. En ese sentido, afirmó que la doctora Ferraris “hizo una excelente gestión de contralor” cuando integró el directorio en representación del Frente Amplio, y que ahora, como presidenta, podrá ejercer con mayor alcance.
El legislador recordó que su partido presentó en el período pasado un proyecto para fortalecer la Jutep, que fue tratado parcialmente en la Comisión de Constitución y Códigos y actualmente está desarchivado. “Entendemos que hay que trabajar con profundidad en darle al organismo recursos, pero sobre todo que haya voluntad política, y con la nominación de la doctora Ferraris al frente, estamos convencidos de que va a haber una voluntad política férrea de contralor tal como lo establece la ley”, afirmó.
Finalmente, el senador subrayó que existen posibilidades de incrementar los controles tanto a nivel del gobierno nacional como de las intendencias. “La ley obliga la presentación de las declaraciones juradas, sí lo puede hacer claramente, esto no interfiere con las respectivas autonomías de los gobiernos departamentales”, concluyó.
