El sistema penitenciario sigue creciendo y es infinanciable, dijo Petit
El comisionado parlamentario penitenciario Juan Miguel Petit señaló que el gran desafío es innovar para enfrentar el problema
13.05.2022 | tiempo de lectura: 4 minutos
En Justos y Pecadores conversamos con el comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit sobre la situación de las cárceles en Uruguay, datos del informe anual y la presentación en Ginebra ante el Comité contra la Tortura (CAT).
Al respecto, Petit señaló que “hay expectativa por ver el documento que va a emitir el comité en las próximas horas y es buena cosa que el Uruguay reconozca que está mal en esto. Me queda la sensación que los derechos humanos sigue siendo compromiso del Estado uruguayo y en ese marco todos tenemos que discutir, trabajar y encontrar caminos”.
En cuanto a la violencia registrada dentro y fuera de las cárceles, el comisionado parlamentario penitenciario sostuvo que “no podemos tener un mapa perfecto que nos explique la violencia, eso que nosotros hemos llamado la circulación social de la violencia, porque el delito y la violencia no es algo estático que esté en un lugar. Eso lo comentamos en el informe 2021. A veces se tiene la idea que el violento está preso en una celda alejado de la sociedad. Y el delito circula en distintos ámbitos. Es un mapa muy complejo. Lo que está muy claro es que la violencia que existe tiene uno de sus factores, de sus usinas, sigue siendo el sistema penitenciario, con esto me refiero a la cárceles, pero también al trabajo con las familias, el trabajo vincular, post penitenciario y social”.
Según Petit, la violencia que existe en la sociedad uruguaya es en parte “tiene que ver con que no hemos logrado colocar un filtro en ese lugar de pasaje que es el sistema penitenciario. Es una gran oportunidad para trabajar y no lo estamos aprovechando”.
El diagnóstico presentado en el último informe realizado, recordó Petit, indica que el sistema carcelario sigue creciendo. “Es una mala noticia estar en el puesto número 12 del mundo en cantidad de presos, como tampoco lo es tener cuatrocientos presos cada cien mil habitantes. Con esto no estoy diciendo que haya que liberar gente o que la justicia no actúe, digo que estamos resolviendo una cantidad de problemas sociales de una manera que nos trae más problemas. El sistema se sigue agrandando. Es infinanciable y va a ser cada vez más infinanciable, entonces nos vamos a condenar a tener ese agujero negro permanente y con la sensación que tiene mucha gente, lamentablemente, de que esto no lo arregla nadie”, afirmó.
Señaló que hay que reforzar “las cosas buenas” que se están haciendo. “Hay una señal muy buena y es que hay muchos organismos que se están acercando al sistema penitenciario. Eso hay que plasmarlo en una política pública donde estén las políticas sociales trabajando articuladamente”.
El costo mensual por cada persona privada de libertad es de casi mil dólares, lo que lleva a un presupuesto mensual de aproximadamente catorce millones de dólares, para un total de 14 mil presos. Sobre si se necesita más presupuesto, Petit sostuvo que en el último informe presentado se realizó el primer estudio presupuestal del sistema penitenciario.
“Fue muy complejo de hacer porque el presupuesto tiene rubros del Ministerio del Interior, del Centro Nacional de Rehabilitación, del Ministerio de Defensa, Sanidad Policial, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social y Codicen. Lo que sacamos como gran conclusión es que en muchos casos de delitos leves o de gente que tiene un delito y se le hace el estudio de riesgo y tiene bajo riesgo de volver a cometer un delito, surge una pregunta: ¿no será mejor darle esos casi cuarenta mil pesos a una ong o un centro comunitario, como ocurre con instituciones en la justicia juvenil donde la persona recibe una atención de rehabilitación directa? Creo que hay que buscar nuevos mecanismos, innovar en tecnología, en gestión y en actores que puedan meterse en este desafío del siglo XXI”.
En este sentido recordó que en los últimos veinte años, Uruguay aumentó las penas y se restringieron beneficios. “Se innova poco en materia de beneficios legales para la rehabilitación. La reacción natural que tiene las sociedades en el mundo es de cárcel dura y destinar la ayuda social por otro lado. Esa orientación ha demostrado ser por lo menos incompleta, por no decir ineficaz. Tenemos el desafío de repensar es curso de acción. Las medidas alternativas han tenido muchas restricciones y cada vez tienen más restricciones. Se aplican pero a delitos muy leves. Por un lado, hay que pensar que las medidas alternativas tengan un contenido programático –es decir tratamientos en adicciones, capacitación profesional, control de la ira, previsión de la violencia, alfabetización, asistencia a la familia– y por otro lado un enorme desafío para el sistema político que es, respetando la decisión ciudadana del referéndum, innovar en este sentido”, afirmó.
Explicó que desde su oficina se elaboró lo que dio en llamar Doctrina sobre el trato cruel y degradante y se refirió a que “la Declaración Universal y todas normas de la Naciones Unidas señalan la condena absoluta a la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Lo primero está claro que significa, pero no tanto lo segundo. El concepto que hemos ido elaborando es que cuando la persona privada de libertad no tiene acceso al tratamiento, como dice la Constitución, es decir cuando la persona no tiene en la cárcel educación, cultura, salud, capacitación profesional y contacto con la familia, hay un trato cruel y degradante. Por eso elaboramos un protocolo con un conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos que incluyen desde colchón, cama, educación, aula, gimnasia y una hora de patio diario, entre otras cosas. Lamentablemente tenemos de más de un 30% del sistema penitenciario donde no hay tratamiento”.
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Foto: Pablo Vignali / adhocFotos
