Estado uruguayo rechazó denuncia de Magistrados ante CIDH y marcó cuestionamientos
Se realizó audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por denuncia de la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay
11.07.2024 | tiempo de lectura: 2 minutos
El Estado uruguayo y la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) se enfrentaron este miércoles en la audiencia llevada a cabo por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ante la denuncia de dicha asociación por “grave estado de situación institucional”.
En la audiencia, en la que AMFU expuso un video con fragmentos de declaraciones del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, del exministro Eduardo Bonomi, del exfiscal Jorge Díaz, del expresidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde y de los legisladores Guido Manini Ríos, Graciela Bianchi, Raúl Lozano, y Tabaré Viera, entre otros, hicieron uso de la palabra los fiscales Ricardo Perciballe, Brenda Puppo, María Claudia González y el presidente de la Asociación Willian Rosa, por parte de esta asociación.
Rosa afirmó que “existe una campaña de hostigamiento y acoso que incide directamente en la confianza y credibilidad que la ciudadanía debe tener en las instituciones del sistema de Justicia en general y en la Fiscalía en particular”.
“Estas no son simples críticas las que, obviamente, serían aceptables, sino que constituyen un auténtico acoso que no termina en lo discursivo sino que se complementa mediante una persecución formal recubierta de ropaje institucional pero destinada a minar la independencia de los fiscales”.
Los representantes del Estado uruguayo, el director general del Ministerio de Educación y Cultura, Gastón Gianero, y el embajador de Uruguay ante la OEA, Washington Abdala, cuestionaron la denuncia de la AMFU.
Gianero consideró “inaceptable” el planteo de los fiscales y señaló que “es un cuestionamiento a la fortaleza de la institucionalidad de nuestro país”.
Dijo que en Uruguay “se critica, se discrepa, y se cuestiona lo que dice cualquier persona pública” y “destacó la plena vigencia de la libertad de expresión”.
Abdala afirmó: “El derecho a la crítica al funcionario público existe, hay jurisprudencia de todo tipo en Uruguay y hay que saber que ese es un dato de la realidad y es un activo del Uruguay, un activo de que un país tenga la posibilidad de que todos pueden criticar a todos en todo momento”.
Agregó que “es parte de la esencia del conversatorio democrático”. Recordó que “no existe destitución, afectación, de ningún fiscal”. El embajador cuestionó a la Fiscalía General por “filtraciones en casos connotados”. “El tema de las filtraciones nos ha preocupado, pero más nos ha preocupado el tema de las dilaciones. Hay una enorme cantidad de casos que tienen una dilación descomunal.
Entre esas “dilaciones” mencionó el caso Morabito “que lleva cinco años”, el Antel Arena “dos años y siete meses”, el Hospital Policial “y un senador, Carrera, que lo habría utilizado”, que -afirmó- “lleva dos años de investigación y aún continúa sin resultado”, Gas Sayago, “tres años”, entre otros.
Abdala manifestó que “si tuviera mérito el planteo que está haciendo la Asociación de Magistrados Fiscales, sería un delito y tendrían la obligación de llevar adelante una denuncia específica entorno a una eventual violencia privada o lo que fuera y no lo es”.
“El Estado uruguayo desmentirá en todos los ámbitos que sea necesario cualquier intento de desacreditar la fortaleza institucional del país y la plena vigencia de los derechos humanos en todo el territorio nacional”, expresó el embajador de Uruguay ante la OEA en esta audiencia.
