Fiscalía confrimó espionaje en democracia, pero archivó denuncia por prescripción
“Esa tarea ilegal se desarrolló mediante seguimientos, infiltraciones en sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos, y otros organismos”, señaló fiscal Enrique Rodríguez
21.07.2022 | tiempo de lectura: 2 minutos
Una investigación de la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez, “concluyó que se efectuaron acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y en principio, hasta el 2005, por agencias de inteligencia del Estado”, informó el organismo este jueves en su página web. Sin embargo, indicó que los delitos denunciados prescribieron, por lo que archivó la denuncia.
La denuncia fue presentada en 2018 por legisladores, sobre posibles actos de Inteligencia de Estado efectuados luego del retorno de la democracia.
La investigación concluyó que “es contundente la evidencia obtenida en cuanto a que, efectivamente, se efectuaron acciones irregulares e ilícitas de espionaje desde 1985 y en principio, hasta el 2005, por agencias de inteligencia del Estado”, señaló Fiscalía.
“Entre ellas, la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, la Dirección General de Información de Defensa y la posteriormente denominada Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, todos ellos, organismos dependientes del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional, respectivamente. Queda claro también, que el objetivo del denominado espionaje fueron los partidos políticos, líderes y partidarios de los mismos, de distintos sectores. A su vez, lo fueron movimientos populares, los sindicatos, las organizaciones sociales, y en algún caso, integrantes de otros poderes del Estado, y un ente autónomo”, señala el documento.
Según Fiscalía, Rodríguez describe que “esa tarea ilegal, se desarrolló mediante seguimientos, infiltraciones en sindicatos, organizaciones sociales, partidos políticos, y otros organismos; escuchas mediante captación de comunicaciones telefónicas; ingreso ilegal a domicilios, locales u otros inmuebles y fluido intercambio de información proporcionada por otras personas a las que se les pagaba por ese ‘trabajo’”.
“De la investigación emergen conductas presuntamente delictivas, que pueden quedar atrapadas por figuras penales”, sostiene Fiscalía, y menciona el abuso de funciones, la omisión de denunciar delitos, pesquisa, violación de domicilio, interceptación telefónica, revelación de secreto telefónico, conocimiento de documentos secretos, públicos o privados y revelación de secretos.
En su escrito, el fiscal expuso que “los presuntos delitos cometidos tienen una pena máxima inferior a diez años, en particular, la mayoría de ellos tiene penas máximas de tres años de penitenciaría, en otros se castigan con una pena de veinticuatro meses de prisión” y que en algunos de los casos “incluso tienen solamente pena de multa”. No obstante, el fiscal especificó que “para que se considere prescrito el delito es de diez años y por ende está extinguida la posibilidad de ejercer la acción penal, la cual venció en 2015”.
“Computando el tiempo transcurrido desde la fecha en que ocurrió el accionar delictivo, hasta que tomó conocimiento la justicia de los referidos hechos para que se diera inicio a la investigación, (las actuaciones fueron remitidas por la Cámara de Representantes a la Fiscalía el 07/11/2018 e ingresadas el día 08/11/2018), transcurrieron 13 años”, aclara.
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
