Paso en falso, riesgoso y anacrónico
Por Alfonso Lessa
07.02.2022 | tiempo de lectura: 3 minutos
La decisión de la fiscal Mariana Alfaro avalada por la jueza Patricia Rodriguez Barreto para allanar los estudios de azul FM y el domicilio de Ignacio Álvarez y requisar equipos y celulares, constituye un ataque a la libertad de información, absolutamente desproporcionado, y sin precedentes desde la dictadura.
La orden, además, mostró una impericia llamativa con un objetivo anacrónico: buscar pruebas en un mundo digital, como si se tratara de un hecho ocurrido en los años 50. Mientras se ordenaba el allanamiento, la grabación siguió circulando por las redes y se emitía en la propia página de la emisora. Y quien quisiera podía tener copias en cualquier lado del mundo, y si alguien quería ocultar o borrar algo de las grabaciones originales, ya había tenido tiempo de hacerlo sobradamente.
Pero además la decisión tuvo otro efecto: sacó del centro lo más importante, la denuncia sobre violación, el debate sobre este asunto tan delicado y el procesamiento de la Justicia, para instalar otros temas como es el de los límites de la información, la conducta de los periodistas -en este caso la del propio Álvarez- y de los propios actores del sistema judicial. Incluso evitó que se profundizara un debate serio sobre este caso en particular, en relación al tratamiento periodístico de ciertos temas. El asunto, como era previsible, derivó en una ácida lluvia de críticas sobre la actuación de la fiscalía con aval de la jueza, desde todos los ámbitos -más allá de posiciones políticas- e incluso trascendiendo a nivel internacional. Obviamente en todo este caso como en otros anteriores, la presión social parece haber jugado un papel muy relevante. Y si alguien pensó que con esto podía perjudicar a Ignacio Álvarez, logró exactamente lo contrario.
La orden emitida por la Fiscalía es muy amplia y grave, comprometiendo no sólo la eventual información y las fuentes sobre este tema, sino las de otros casos. Es decir, una intromisión indebida en toda la red de fuentes del periodista involucrado y probablemente de otros, ya que tanto en el caso de los estudios de la radio, como en su domicilio, se ordenó “proceder a la incautación y registro de dispositivos electrónicos (tales como celulares, tablets, computadoras) y soportes de almacenamiento (por ej. pendrives, discos), propiedad o detentados por el Sr. Ignacio ALVAREZ (sic) de uso personal o de uso de la producción del programa, con el fin de constatar el contenido del material audiovisual en cuestión, comunicaciones en las que se reciba o ceda material reservado o con contenidos íntimo o sexual sin consentimiento de los involucrados” .También ordenó que los propietarios o usuarios de esos dispositivos no los pudieran utilizar ya que dispuso “el cambio de contraseñas de dispositivos, aplicaciones, redes a fin de que no se frustre la investigación en forma remota”.
El allanamiento fue encabezado por el propio director de Interpol junto a otras tres personas, que -actuando con amabilidad y cautela- finalmente sólo copiaron el programa emitido por la FM, algo que podrían haber hecho sin ninguna de estas medidas cuyo costo ha sido mucho mayor que los beneficios en pro de la investigación. Y además, la propia Fiscal había establecido en su orden que ya tenía esa grabación.
Aquí coliden claramente dos derechos: el de la información sobre un caso de pública notoriedad y el de la intimidad de una joven que denunció haber sido violada, e incluso el de los propios acusados cuya real responsabilidad será probada o no o lo largo del juicio. Ninguno fue identificado en el programa con nombre y apellido, aunque la Fiscalía asegura que el periodista “brindó detalles de la vida de la denunciante que facilitan su identificación al menos por su círculo o quienes la conocen”.
Cada quien tendrá su juicio acerca de lo emitido en el programa “La Pecera” -que permitió una visión muy parcial de un episodio del que sólo se emitieron pequeños fragmentos- pero en definitiva será la Justicia la que tome una decisión, para lo cual existen normas legales vigentes y cuya aplicación no necesitaba de todo este procedimiento.
Mientras tanto, el tema de la joven que denunció la violación en grupo quedó en un segundo plano. Un logro de la Fiscalía con aval de la Justicia.
