Tacuarembó: 19 imputados por usura y asociación para delinquir
Realizaban préstamos de dinero que debían ser restituidos día a día
02.10.2023 | tiempo de lectura: 2 minutos
La Fiscalía Departamental de Tacuarembó de 2° turno, a cargo de la fiscal Irena Penza, imputó a diecinueve personas en el marco de la operación “Parce”, informó la Fiscalía General de la Nación.
Tres personas fueron imputadas por un delito continuado de usura, en concurso formal con un delito de asociación para delinquir, y en reiteración real con reiterados delitos de violencia privada. En estos casos se dispuso como medida cautelar prisión preventiva por 120 días.
Otras 16 personas fueron imputadas por un delito continuado de usura, en concurso formal con un delito de asociación para delinquir. Se les impusieron por 120 días las siguientes medidas cautelares: obligación de fijar domicilio, obligación de presentarse una vez por semana en la seccional policial de su domicilio, prohibición de abandonar el territorio nacional y obligación de entregar sus documentos de viaje con cierre de fronteras, y prohibición de acercamiento a los domicilios de las víctimas.
Para otros seis individuos se dispusieron las siguientes medidas limitativas: obligación de fijar domicilio, prohibición de abandonar el territorio nacional y obligación de entregar sus documentos de viaje con cierre de fronteras, y prohibición de acercamiento a los domicilios de las víctimas, mientras continúa la investigación.
La investigación comenzó a partir de una denuncia anónima sobre "la presunta existencia de un grupo organizado de personas de nacionalidad colombiana, que se dedicaba a realizar préstamos de dinero esencialmente a emprendedores o comerciantes, con obligación de restituirlo “Gota a Gota”, es decir, día a día, con un porcentaje de interés normalmente del 20%, en plazo de 20, 24 y 30 días", señala la solicitud de formalización del caso.
"En el marco de la investigación se pudo identificar a varias personas que formaban parte de la maniobra en cuestión, lográndose determinar que los préstamos eran de sumas que oscilaban entre los $5000, $10.000 y hasta $150.000, con obligación de restitución en cuotas diarias, la primera a partir del día siguiente de otorgado el préstamo en cuestión. Si la devolución de la cuota diaria no era alcanzada por el deudor, comenzaban las amenazas, la violencia, llegando en algunos casos al hurto de bienes en concepto de cobro por el crédito, y en otros casos más graves, implicando amenazas con arma de fuego, o bien, incendio de fincas, persecución en domicilios particulares, presentación diaria en diferentes horarios en el comercio de la víctima. Averiguaban los centros de estudio de los hijos de las víctimas, presentándose a su vez en la puerta de los mismos exigiendo el pago de las cuotas adeudadas bajo amenaza de sufrir un daño a su persona, bienes o bajo el temor de que llamarían al “Supervisor”, quien resultaba ser una persona que normalmente manejaba armas de fuego.
"Los clientes captados presentaban necesidades especiales, mayoritariamente comercios pequeños, o emprendedores, quienes requerían liquidez para la compra de mercadería necesaria para surtir el comercio. Las cuotas de pago rondaban entre los $500 diarios a $1500, $2000 y hasta $6000 diarios, dependiendo de la suma de dinero que habían solicitado", agrega el documento oficial.
Texto: en base a FGN - Foto: Javier Calvelo/AdhocFotos
