Adopciones y seguridad, temas sobre los que debatieron Sebastián Andújar y Micaela Melgar

Los legisladores cruzaron argumentos sobre los cambios de la LUC

13.09.2021 | tiempo de lectura: 2 minutos

Los diputados Sebastián Andújar, del Partido Nacional, y Micaela Melgar, del Frente Amplio, debatieron en Justos y pecadores sobre varios aspectos de la ley de urgente consideración (LUC). Específicamente, sobre seguridad pública y adopciones. La LUC es una ley justa y popular, que nace de un reclamo de la población, dijo Andújar. Para Melgar, la ley inaugura una nueva manera de tomar decisiones que afecta la calidad democrática.

Nos preocupa y nos ocupa muchísimo el tema de la seguridad, dijo el nacionalista y agregó que, en su opinión, la LUC es el camino correcto. Recordó que tiene 476 artículos, de los cuales el 52%, unos 248 artículos, fueron debatidos y acompañados por el Frente Amplio.

Agregó que lo principales argumentos contra la ley se basan en que se discrepa en cuanto a las garantías, por ejemplo en seguridad pública, pero remarcó que la ley lleva más de un año de vigencia y ninguna de las cosas que se habían anunciado sobre posibles violaciones a los derechos de los ciudadanos se han cumplido. Los números en materia de seguridad avalan que las cosas han ido por el buen camino, destacó.

“No existe evidencia de que más gente presa por más tiempo funcione para mejorar la seguridad pública”, dijo Melgar, quien además cuestionó que se aumenten las penas de menores de edad.

Melgar también criticó los cambios en el régimen de legítima defensa. No le queda claro, dijo, por qué se resolvió quitar la parte donde decía que la legítima defensa nunca puede ser en base a la venganza o al resentimiento. “El Estado tiene que ser garantista”, dijo Andújar y agregó que han aumentado los delitos contra las propiedades, por lo que era necesario ampliar la legítima defensa. Y aseguró que la venganza o el resentimiento no pueden considerarse dentro de la legítima defensa.

La frenteamplista criticó los cambios el sistema de adopciones. El cambio dice que el juez, en el proceso de adopción, puede prescindir de la intervención del ministerio público o sea del INAU, sostuvo. Andújar respondió que tratar de abreviar los plazos de adopción era una necesidad. “La intervención de la justicia es garantista y nos parecía adecuado reglamentarlo”, defendió.

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