Una bomba agita campaña chata: dura reacción de Mujica
Alfonso Lessa
27.09.2024 | tiempo de lectura: 3 minutos
En la recta final de una campaña chata, y cuando pocos lo esperaban, estalló un escándalo que, como una bomba de racimo, se esparció con consecuencias judiciales y políticas a diverso nivel.
El pedido de desafuero del senador Charles Carrera por parte de la fiscal Silvia Liliana Porteiro Bello, provocó la renuncia del legislador que de todos modos, de momento, seguirá siendo candidato al Senado por el MPP para las próximas elecciones.
El Frente Amplio, reiterando errores del pasado, cuando salió de inmediato a defender a jerarcas que terminaron procesados y condenados, volvió a hacerlo en este caso. Uno de ellos fue su presidente, Fernando Pereyra, quien dijo: “Una circunstancia de este tipo tiene el respaldo absoluto” de la fuerza política.
Recordado es, por ejemplo, el caso del ex vicepresidente Raúl Sendic que en un hecho sin precedentes debió renunciar. El Frente había negado todas las acusaciones -desde la inexistencia del título universitarios a los hechos vinculados a su gestión- y había culpado a los medios y a periodistas. Finalmente, hasta el Tribunal de Ética del propio Frente falló contra Sendic. Nunca hubo, dicho sea de paso, un pedido de disculpas a los periodistas y los medios.
En esta ocasión ocurrió algo muy relevante: fue el propio expresidente José Mujica quien salió públicamente con mucha dureza a condenar el hecho, a criticar al propio MPP que fundó, y a ex jerarcas del Ministerio del Interior durante su propia gestión.
En declaraciones a Búsqueda, fue de una contundencia impactante: Mujica acusó al MPP de haber tenido una actitud “pusilánime” y de haberse bancado “pasivamente” las irregularidades denunciadas por el uso indebido del hospital Policial.
“Se bancaron pasivamente que algunos de los nuestros hayan usado el Hospital Policial teniendo vínculos con el Ministerio del Interior y eso no está bien”, afirmó Mujica.
También se quejó de que desde el MPP “no tomaron ninguna medida ejemplarmente” a tiempo con legisladores y funcionarios de confianza que recurrieron al Hospital Policial, aunque no estaban habilitados para hacerlo, solo por el hecho de ser jerarcas del Ministerio del Interior o secretarios de autoridades”.
La contundencia de las afirmaciones de Mujica dejó muy mal parados a los dirigentes que se habían apurado en apoyar a Carrera; y ni que decir al propio Carrera que, además, sostuvo que volvería a cometer los actos por los que se le juzgan.
El caso en cuestión comenzó cuando un hombre fue herido de bala presuntamente desde una casa en la que había una reunión de policías, en un caso jamás aclarado. El hombre, Víctor Hernández, quedó paralítico y entonces Carrera decidió su internación en el Hospital Policial por un largo período acompañado de su hermano. Los dos eran militantes del MPP.
Carrera y alguno de los que han tratado de justificarlo, argumentan que lo hicieron para ayudarlo, aunque por supuesto existen otros hospitales públicos.
El hecho, ocurrido en 2013, se hizo público en el programa Santo y Seña de canal 4, que difundió la grabación de una conversación entre el hermano y la madre del hombre herido y Carrera, en la que este les dijo, en una parte del diálogo: “Vos, si estás nervioso te vas de acá tranquilamente, y no me jodas más. Pero yo la llamé a tu madre para ver si les podemos dar una mano (…) Si estás nervioso te mando a cagar, hermano. Porque yo llamé acá para ver si les puedo dar una mano porque me interesa lo humano; lo demás no me interesa”.
Carrera explicó que pidió silencio a los familiares de Víctor Hernández, porque «no estaban teniendo un comportamiento debido dentro del Hospital Policial”. «Fue para protegerlos”, sostuvo en su momento en una entrevista con radio Sarandí.
Se trata de un tema muy complejo, con implicancias políticas y policiales, en las que pareció subyacer la intención de no dejar trascender todo lo ocurrido.
Según la fiscal, el comportamiento de Carrera constituye “prima facie” el delito de “abuso innominado de funciones”. Le atribuye actos arbitrarios entre 2012 y 2016 con perjuicio de la administración con el fin de favorecimiento económico de particulares.
Los gastos estimados por el Ministerio de Interior, actualizados a 2022, habían sido de 260.350 dólares.
