Los millones de Sartori
Por Leonardo Luzzi
09.10.2023 | tiempo de lectura: 2 minutos
Los legisladores están obligados a presentar una declaración jurada personal y de sus cónyuges ante la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep). Y deben hacerlo cada dos años. Son de esas condiciones inherentes al cargo que quieren ocupar, gusten o no y que tienen por cometido evitar la corrupción.
Hay exigencias de otro tipo. Por ejemplo, para ser senador también se necesita tener 30 años de edad y ciudadanía natural o en ejercicio, o legal con siete años de ejercicio, como lo establece la Constitución, guste o no.
Y esto viene a cuenta de que el senador del Partido Nacional Juan Sartori, como es sabido, se niega o no puede presentar la información económica de su esposa Yekaterina Rybolóvleva, una mujer millonaria. Y cuando se escucha sus argumentos tiene parte de razón el senador.
La ley le exige a él que presente los datos de sus bienes, pero una norma no puede obligar a un sujeto a que diga el patrimonio de otra persona, en este caso su señora esposa, de quien nunca supimos su opinión.
El senador Sartori dijo que no le pedirá la información y no puede obligar a su esposa a que se la dé. Sartori y Rybolóvleva tienen separación de bienes, según el legislador.
Pese a que puede haber una inconsistencia en la ley respecto a lo que exige —ley que otra parte fue declarada constitucional— el senador será declarado omiso por la Jutep y seguramente sancionado por el Senado.
Qué diría la sociedad si en lugar de Sartori, hombre, fuera una mujer la legisladora electa, con lo que cuesta que lleguen al Parlamento, y cuyo esposo, supongamos, se niega a dar su información personal de bienes, lo que la perjudicaría, para la declaración jurada ante la Jutep.
¿Corresponde que si uno es electo legislador se le exija información de otra persona?
Hay quienes entienden que sí cuando hay un bien superior a tutelar que sería la transparencia y evitar casos de corrupción. Se mencionó en esta discusión que hay países donde hasta a los hijos de los jerarcas se les exige ser parte de la declaración jurada de sus padres, para que ante alguna maniobra el dinero ilícito no vaya a sus cuentas.
En Argentina se dio el caso de la hija de Néstor y Cristina Kirchner que, sin haber trabajado, tenía algunos millones de dólares en su Cofre Fort y nunca quedó muy claro su origen.
El expresidente de la República Tabaré Vázquez que tenía separación de bienes con su esposa María Auxiliadora desde 1986, es decir antes incluso de que fuera electo intendente de Montevideo, había hecho consultas a la Jutep respecto a si debía incluir los bienes de su señora.
En un momento Vázquez entregó dos sobres: una declaración personal con sus propiedades e ingresos y otro sobre cerrado con la información económica de su esposa, que solo sería abierta si un juez lo solicitaba, cosa que nunca ocurrió. Aclaremos que Vázquez nunca fue cuestionado en sus declaraciones juradas de bienes.
Entonces, volviendo a Sartori, pueden surgir dudas respecto a la exigencia de la ley sobre las declaraciones juradas de los cónyuges, pero mientras no se cambie, esa es la ley vigente en Uruguay y por tanto debe ser cumplida por todos, guste o no.
